La invocación a la prohibición como solución a problemas complejos, como la violencia ligada al narcotráfico y su reflejo en la música, se antoja simplista y, a menudo, ineficaz. Recordamos la frase, casi un mantra, de un expresidente: "Prohibido prohibir". Irónicamente, hoy vemos cómo la prohibición se erige como la respuesta preferida ante la creciente popularidad de los "corridos tumbados". Desde Querétaro hasta Tijuana, pasando por Chihuahua, Estado de México y Nayarit, se intenta silenciar estas expresiones musicales, acusadas de glorificar la violencia y el delito. Sin embargo, estas acciones, carentes de un marco legal sólido y un análisis profundo, parecen más un acto reflejo, una respuesta apresurada a la presión social que una solución real. Se suben a la ola de la indignación, sin comprender la complejidad del fenómeno.

El reciente incidente en la Feria del Caballo de Texcoco, donde la negativa del cantante Luis R. Conriquez a interpretar narcocorridos desató la furia del público, ilustra la fragilidad de estas medidas. La violencia, las rechiflas, los daños materiales y la incapacidad de las autoridades para controlar la situación, evidencian un problema mucho más profundo. No se trata solo de la música, sino de un contexto social donde la narcocultura ha permeado diversos estratos. La Feria del Caballo, otrora un evento familiar, se ha transformado en un escenario donde el alcohol fluye en cantidades industriales y la seguridad brilla por su ausencia. ¿Es la prohibición de los corridos la solución, o es un parche que oculta una herida mucho más profunda?

Prohibir manifestaciones artísticas, especialmente cuando se hace con tintes oportunistas, es un camino peligroso. Recordemos los oscuros episodios de censura en la historia, donde la libertad de expresión fue coartada en nombre de la moral o el orden público. La presidenta Sheinbaum lo ha expresado con claridad: la transformación social requiere un proceso educativo profundo y permanente, no la simple prohibición.

En otros temas, la designación de los nuevos consejeros independientes de Pemex ha estado marcada por la controversia. La terna propuesta por la presidenta Sheinbaum tuvo que ser modificada, tras la detección de irregularidades en el perfil de uno de los candidatos. Finalmente, Juan José Paullada y María Rosío Vargas fueron los elegidos, junto con la ratificación de un consejero de la administración anterior. Este proceso, con sus jaloneos e imprevistos, refleja las tensiones y complejidades que rodean a la petrolera estatal.

Mientras tanto, la terminal Servitux en Tuxpan, clausurada desde 2021 por fallas estructurales y sospechas de corrupción, continúa inoperante. Pemex estuvo a punto de adquirirla por una suma millonaria, en una operación que ahora está bajo escrutinio. La sombra del "huachicol de cuello blanco" se cierne sobre este caso, que pone en evidencia las prácticas opacas y los intereses en juego dentro de la industria energética.

En conclusión, la prohibición como respuesta simplista a problemas complejos rara vez resulta efectiva. Se requiere un análisis profundo, un enfoque integral y, sobre todo, un compromiso real con la educación y la transformación social. Como diría aquel filósofo cuyo nombre se nos escapa: "Cuando no tengas cómo resolver un problema, prohíbelo". Una frase irónica que, lamentablemente, parece ser la guía de algunos en estos tiempos.