La inesperada cancelación del festival Ceremonia en el Parque Bicentenario ha dejado una estela de interrogantes y, por supuesto, la necesidad de respuestas para los miles de asistentes que se quedaron con sus boletos en mano. Más allá del reembolso, que ya se está gestionando y que, según el procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, no ha generado quejas formales hasta el momento, se abre un debate crucial sobre la seguridad en los espacios públicos y la responsabilidad de quienes administran estos recintos.

La tragedia que enlutó al periodismo mexicano con el fallecimiento de dos fotoperiodistas en el mismo parque añade un peso considerable a esta discusión. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha confirmado que la concesión otorgada al Parque Bicentenario, por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), está bajo minucioso análisis. Si bien la mandataria ha pedido paciencia mientras las instancias correspondientes realizan su labor, la ciudadanía exige transparencia y celeridad en este proceso. ¿Existieron irregularidades en la otorgación de la concesión? ¿Se cumplieron los protocolos de seguridad necesarios para la realización de un evento masivo como el festival Ceremonia? Estas son preguntas que deben ser respondidas con claridad y contundencia.

El proceso de reembolso, aunque en marcha, también plantea algunos desafíos. Mientras que las compras realizadas por internet se gestionan directamente con la boletera, la situación se complica para quienes adquirieron sus entradas en la taquilla del Parque Bicentenario, actualmente clausurado. La intervención de Profeco y el diálogo con las autoridades capitalinas han permitido abrir una ventana para la devolución de estos boletos, pero el proceso podría extenderse hasta dos meses. Esta espera prolongada genera incertidumbre y, sin duda, afecta a quienes invirtieron su dinero esperando disfrutar de un espectáculo que finalmente no se llevó a cabo.

Es fundamental que, más allá de la devolución del importe de las entradas, se realice una investigación exhaustiva que determine las causas de la cancelación del festival y, sobre todo, las circunstancias que rodearon el trágico accidente que costó la vida a dos profesionales de la comunicación. La seguridad de los ciudadanos debe ser una prioridad ineludible, y la gestión de los espacios públicos debe estar sujeta a los más altos estándares de transparencia y responsabilidad. El caso del Parque Bicentenario no puede quedar impune, y las autoridades deben actuar con firmeza para garantizar que hechos similares no se repitan en el futuro. La sociedad espera respuestas, y la justicia exige acciones concretas. El silencio no es una opción.