La sombra de la vigilancia masiva se cierne sobre México. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ha alzado la voz, expresando una profunda preocupación ante las recientes iniciativas de ley que buscan crear un Sistema Nacional de Seguridad Pública y un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Estas propuestas, de aprobarse en su forma actual, podrían representar un grave retroceso en la protección de los derechos fundamentales de los mexicanos, particularmente el derecho a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, consagrados en el artículo 16 de nuestra Constitución.

El núcleo de la controversia reside en la creación de bases de datos que almacenarían información personal, fiscal, financiera, telefónica e incluso biométrica de la ciudadanía, sin la necesidad de una orden judicial. Imaginen un escenario donde el Estado tenga acceso a sus conversaciones telefónicas, sus movimientos financieros, sus datos biométricos, sin que medie una autorización judicial basada en una sospecha razonable. Este panorama, que parece sacado de una novela distópica, se vislumbra como una posibilidad real con estas iniciativas. La Barra Mexicana argumenta, con razón, que estas medidas carecen de criterios claros sobre su necesidad y proporcionalidad, abriendo la puerta a potenciales abusos y violaciones a la privacidad.

La historia nos ofrece un precedente inquietante: el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). Este registro, que pretendía combatir la delincuencia a través de la recopilación masiva de datos de usuarios de telefonía móvil, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente por vulnerar los derechos a la privacidad y la protección de datos personales. ¿Acaso no hemos aprendido la lección? ¿Estamos condenados a repetir los mismos errores, ignorando las advertencias del máximo órgano judicial del país?

La preocupación de la Barra Mexicana se alinea con las advertencias de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. La ONU ha señalado reiteradamente el peligro que representa el uso indiscriminado de tecnologías de vigilancia por parte del Estado. En la era digital, donde la información es poder, la recopilación y almacenamiento masivo de datos personales sin las debidas garantías se convierte en una amenaza latente para la libertad de expresión, la libertad de asociación y, por supuesto, la privacidad.

La seguridad es una necesidad innegable, pero no puede alcanzarse a costa de sacrificar las libertades fundamentales que nos definen como sociedad democrática. La Barra Mexicana propone un camino alternativo, un equilibrio entre la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para investigar delitos y la obligación de proteger los derechos de la ciudadanía. Se insta al Poder Legislativo a revisar minuciosamente estas iniciativas, asegurando su plena compatibilidad con la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos.

No se trata de obstaculizar la lucha contra la delincuencia, sino de hacerlo con inteligencia, respetando el marco legal y las garantías individuales. La propuesta de la Barra Mexicana incluye dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios para ejercer un control efectivo sobre las bases de datos y la creación de órganos independientes que supervisen su manejo. Además, se hace un llamado al diálogo, a la construcción de un marco legal equilibrado con la participación de expertos en derechos humanos y tecnología. Solo a través de un debate informado y plural podremos encontrar soluciones que protejan a la ciudadanía sin poner en riesgo sus libertades. El futuro de nuestra privacidad está en juego.