En un mundo saturado de imágenes y sonidos, donde las pantallas se han convertido en ventanas a realidades alternativas, la influencia del cine, la televisión, la música y los videojuegos es innegable. Estas plataformas de entretenimiento, con su poder de cautivar y persuadir, moldean percepciones, especialmente en las mentes más jóvenes, ávidas de referentes y modelos a seguir. Precisamente por esta profunda influencia, es crucial analizar con detenimiento el contenido que consumimos y los mensajes que transmiten, especialmente aquellos que rozan la línea entre la ficción y la apología del delito.

La iniciativa que presenté la semana pasada, enfocada en adicionar un párrafo al artículo 208 del Código Penal Federal, busca precisamente abordar esta problemática. No se trata de una cruzada contra la libertad artística ni un intento de censurar la creatividad. Lejos de ello, se trata de establecer un límite claro, una línea roja que no debe cruzarse: la glorificación del crimen y la violencia. El arte, en todas sus manifestaciones, debe ser un espacio de exploración, de cuestionamiento, incluso de provocación, pero nunca de incitación a la delincuencia.

El artículo 208 ya tipifica como delito la apología del delito, pero la adición propuesta busca especificar que esta apología también puede manifestarse a través de los medios de comunicación y las expresiones mediáticas. Películas, series, canciones o videojuegos que promuevan, glorifiquen o justifiquen conductas delictivas, incitando a su imitación, deberán ser objeto de escrutinio y, en su caso, de sanción. No podemos permitir que la pantalla se convierta en un escaparate del crimen, un manual de instrucciones para la violencia.

Esta propuesta no es un capricho, sino una respuesta a una realidad preocupante. En un contexto donde el crimen organizado, el uso de armas y la violencia se presentan a menudo como estilos de vida atractivos, incluso glamorosos, la normalización de la delincuencia se convierte en un riesgo latente. Niñas, niños y adolescentes, especialmente vulnerables a estos mensajes, pueden ser influenciados por estas narrativas, adoptando actitudes y comportamientos que ponen en riesgo su integridad y la de la sociedad en su conjunto.

Es fundamental comprender que esta iniciativa no busca coartar la libertad de expresión, sino protegerla. La libertad de expresión, consagrada en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, no es un derecho absoluto. Tiene límites, y uno de ellos es precisamente la incitación a la violencia y al delito. No podemos ampararnos en la libertad de expresión para justificar la difusión de mensajes que atentan contra la seguridad y el bienestar de la sociedad.

La adición al artículo 208 no pretende ser una solución mágica, sino un paso importante en la dirección correcta. Se trata de dotar a nuestras leyes de las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de un mundo mediático cada vez más complejo. Se trata de fomentar un debate serio y responsable sobre la influencia de los contenidos que consumimos y la responsabilidad social de quienes los producen y difunden.

El objetivo final es claro: construir una cultura mediática que promueva valores positivos, que eduque, que inspire, que nos haga mejores. Una cultura mediática que no permita que la narrativa del delito se disfrace de entretenimiento, poniendo en riesgo el futuro de nuestras generaciones. Se trata, en definitiva, de proteger a la sociedad, especialmente a los más jóvenes, de la influencia perniciosa de la apología del delito en los medios de comunicación. Es un compromiso con la paz, la legalidad y la justicia, y una apuesta por un futuro donde la violencia no tenga cabida en nuestras pantallas ni en nuestras vidas.