La sombra de la duda se cierne sobre Morena en Coahuila. Millones de pesos en prerrogativas, destinados a fortalecer la estructura del partido y a impulsar sus ideales, parecen haberse esfumado en un laberinto de opacidad. 42 millones de pesos, una cifra que resuena con fuerza en un estado donde las necesidades son muchas y los recursos escasos. ¿Dónde está ese dinero? Es la pregunta que se hacen militantes, simpatizantes e incluso miembros del propio partido. Diego del Bosque, dirigente estatal, prometió un informe, una luz que aclarara el destino de los fondos, pero esa luz sigue sin encenderse. El silencio se convierte en cómplice de la sospecha, y la falta de transparencia erosiona la confianza en un partido que llegó al poder con la bandera de la honestidad.

La inconformidad crece desde adentro. Juan Carlos Parga Torres, un morenista lagunero, ha alzado la voz, exigiendo cuentas claras. No está solo, la militancia estatal lo respalda. Quieren saber dónde están las oficinas prometidas en Torreón desde 2019, dónde están los informes financieros, dónde están los resultados electorales que justifiquen semejante gasto. Las preguntas se acumulan, y la ausencia de respuestas alimenta la incertidumbre y el descontento. El IEC, en su presupuesto 2025, coloca a Morena como el segundo partido con mayor financiamiento en Coahuila, solo por detrás del PRI. Sin embargo, esta inyección económica no se ha traducido en un avance electoral significativo. Al contrario, Morena Coahuila se debate en un mar de opacidad, falta de organización e incapacidad para rendir cuentas.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ha tomado cartas en el asunto, iniciando un procedimiento sancionador contra miembros de la dirigencia estatal. ¿Será suficiente para sanar las heridas y recuperar la credibilidad perdida? El partido que prometía no robar, no mentir y no traicionar, enfrenta un desafío crucial en Coahuila: demostrar que sus principios no se han diluido en el manejo de los recursos públicos.

Y mientras en Coahuila la opacidad financiera es protagonista, en Baja California Sur el fuero constitucional se convierte en un escudo protector para morenistas y funcionarios del gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío. El Congreso estatal, en una sesión a puerta cerrada, ha bloqueado la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para retirar el fuero a la diputada Alondra Torres García y al subsecretario Ariel Castro Cárdenas. Ambos están señalados por un presunto desfalco millonario durante su gestión en el Ayuntamiento de Los Cabos. A pesar de que la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia dictaminó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso de desafuero, la mayoría legislativa decidió proteger a los suyos, ignorando las evidencias y postergando la justicia.

La historia se repite. El fuero, concebido para proteger la libertad de expresión de los legisladores, se transforma en una herramienta de impunidad, blindando a quienes abusan del poder. Mientras tanto, otros exfuncionarios implicados en el mismo caso, como el exalcalde Óscar Leggs y el extesorero Martín Talamantes, ya enfrentan un proceso judicial. La desigualdad ante la ley es evidente, y la lucha contra la corrupción se convierte en una promesa vacía mientras el fuero siga siendo un obstáculo para la justicia. ¿Hasta cuándo prevalecerá la impunidad? ¿Cuándo se garantizará que todos los funcionarios públicos, sin importar su cargo o afiliación política, respondan por sus actos ante la ley? La ciudadanía exige respuestas, y la democracia las necesita.