La desesperación se palpa en el aire, espesa como el humo que a veces se levanta tras los enfrentamientos. El sol, implacable testigo de la tragedia que se vive en Apatzingán, Michoacán, baña los rostros marcados por la angustia de quienes lo han perdido todo, o están a punto de perderlo. No buscan dádivas, no buscan cortes de cabello ni despensas que mitiguen el hambre por unos días. Buscan algo mucho más elemental, algo que les fue arrebatado: la seguridad, el derecho a vivir en paz en sus propias casas, en su tierra.

"Necesitamos seguridad", clama la voz quebrada de una mujer, resonando el sentimiento colectivo de una comunidad asediada por el miedo. Sus palabras son un grito ahogado en la vorágine de la violencia, un llamado desesperado a las autoridades que parecen llegar tarde, siempre tarde. Llegan con sus brigadas de asistencia, con la promesa implícita de una solución que nunca se materializa. Ofrecen paliativos, migajas de ayuda que no alcanzan a llenar el vacío de la seguridad perdida.

El camino hacia El Alcalde, escenario de esta brigada, es un reflejo de la realidad que se vive en la región. Un camino minado, no solo en el sentido figurado, donde hasta las fuerzas del orden avanzan con cautela, conscientes del peligro latente. La imagen del bote de plástico, sospechoso de contener un explosivo, es un recordatorio constante de la fragilidad de la vida en estos parajes. Un recordatorio de que la amenaza es real, palpable, y que se esconde en cada esquina.

El pueblo, casi fantasmal, espera. Un puñado de personas, apenas cien almas, se congregan con la esperanza de encontrar una respuesta a su desamparo. Pero las consultas médicas, las despensas y los cortes de cabello se antojan insuficientes, casi insultantes, ante la magnitud de la tragedia. Lo que piden, lo que exigen, es seguridad. Seguridad para regresar a sus hogares, para dormir sin el temor de las detonaciones, para vivir sin la sombra del miedo acechándolos.

Las palabras del mando militar, asegurando que los ataques no son contra la población, suenan huecas, vacías de contenido. La escuela primaria, con su techumbre dañada por los drones explosivos, desmiente ese discurso oficial. Es un testimonio mudo de la violencia que azota a la comunidad, una prueba irrefutable de que la población civil está en la línea de fuego.

La presidenta municipal, Fanny Arreola Pichardo, reconoce la lentitud de la respuesta institucional. Habla de procesos burocráticos, de la dificultad para atender las demandas. Pero sus palabras, aunque comprensivas, no ofrecen soluciones concretas. No traen la paz que la comunidad anhela.

La huida, el éxodo forzado, se convierte en la única salida para muchos. Abandonar sus hogares, sus tierras, sus raíces, para buscar la seguridad que les es negada en su propia tierra. Una tragedia que se repite, que se extiende como una mancha de aceite, dejando a su paso un rastro de dolor y desesperanza. La promesa de un futuro mejor se desvanece en el horizonte, mientras la violencia continúa, implacable, sin visos de un final cercano. ¿Hasta cuándo? se preguntan las víctimas, con la voz apagada por el miedo y la incertidumbre. ¿Hasta cuándo tendrán que vivir huyendo, buscando refugio en una tierra que ya no les pertenece?