La sombra de la justicia por mano propia se cierne nuevamente sobre Tlaxcala. La mañana del domingo 13 de abril, el municipio de La Magdalena Tlaltelulco se convirtió en el escenario de un intento de linchamiento que puso en evidencia, una vez más, la fragilidad del tejido social y la desconfianza en las instituciones. La chispa que encendió la furia colectiva fue un supuesto robo a un domicilio. Un hombre y una mujer, señalados por la comunidad como los presuntos responsables, se convirtieron en el blanco de la ira popular. Mientras el hombre logró escapar, la mujer fue capturada, sacada de su vivienda, amarrada, rociada con gasolina y humillada públicamente al ser paseada por las calles. Imágenes impactantes circularon en redes sociales, mostrando la crudeza del momento y la vulnerabilidad de la víctima ante la turba enardecida.

Afortunadamente, la rápida intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, activando el Protocolo de Atención contra Intentos de Linchamiento, logró rescatar a la mujer antes de que la situación escalara a un desenlace fatal. La oportuna llegada de los elementos policiales, primero municipales y luego estatales, permitió contener la violencia y restablecer el orden. Sin embargo, el incidente deja una profunda cicatriz en la comunidad y reabre el debate sobre las causas que subyacen a estos actos de barbarie.

Tlaxcala, lamentablemente, se ha convertido en un referente nacional en materia de linchamientos. Las cifras son alarmantes y revelan una preocupante tendencia. En 2023, la organización Causa en Común colocó a la entidad en el primer lugar nacional, tanto en intentos como en linchamientos consumados. Aunque en 2024 se registró una disminución en los casos consumados, los intentos de linchamiento se mantuvieron en niveles preocupantes. Esta realidad nos obliga a reflexionar sobre las fallas del sistema de justicia, la falta de confianza en las autoridades y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención a este fenómeno.

La desconfianza en las instituciones, la percepción de impunidad y la rápida movilización comunitaria a través de redes sociales y mensajes instantáneos, se conjugan para crear un cóctel explosivo que puede desencadenar la violencia colectiva. Delitos como el robo, el secuestro o las agresiones sexuales, a menudo actúan como detonantes, exacerbando el sentimiento de inseguridad y la necesidad de justicia inmediata. Ante esta situación, es crucial fortalecer la presencia del Estado, mejorar la eficiencia del sistema judicial y promover la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

Es fundamental que la ciudadanía comprenda que la justicia por mano propia no es la solución. Lejos de resolver los problemas, genera más violencia, debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo la vida de personas inocentes. Ante un posible linchamiento, la clave está en la calma, la prudencia y la acción rápida. Es vital alertar a las autoridades de inmediato, evitar la confrontación directa con la turba y documentar los hechos con fotos y videos, siempre priorizando la seguridad personal. La construcción de una sociedad más justa y pacífica requiere del compromiso de todos. Debemos trabajar juntos para fortalecer las instituciones, promover el diálogo y erradicar la cultura de la violencia. Solo así podremos garantizar un futuro donde la justicia prevalezca sobre la barbarie.