La corrupción, una lacra que ha permeado diversos sectores en México, no ha dejado indemne al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). La reciente revelación de 3,405 denuncias en preparación por parte del director general, Octavio Romero Oropeza, sacude los cimientos de la institución y pone en evidencia la magnitud del problema. No se trata de simples irregularidades, sino de una compleja red de fraudes que van desde juicios masivos y ventas sucesivas hasta la usurpación de identidad y la corrupción de funcionarios dentro del propio instituto. Imaginen a familias trabajadoras, esforzándose por adquirir un patrimonio, solo para verse envueltas en un laberinto burocrático plagado de trampas y engaños. La noticia genera una profunda inquietud, ¿cuántas familias han sido víctimas de estos actos ilícitos? ¿Cuántos sueños de un hogar propio se han visto truncados por la avaricia y la deshonestidad?

El anuncio de Romero Oropeza durante la Mañanera del Pueblo no solo pone el dedo en la llaga, sino que también promete acción. La presentación sistemática de las denuncias en las próximas semanas representa un paso importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, la magnitud de la cifra –3,405 denuncias– plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control interno del INFONAVIT. ¿Cómo se permitió que la corrupción se arraigara de esta manera? ¿Qué medidas se tomarán para prevenir futuros casos? La ciudadanía exige respuestas y, sobre todo, resultados concretos.

Más allá de las denuncias, la problemática de las viviendas abandonadas, vandalizadas u ocupadas irregularmente añade otra capa de complejidad al panorama. El convenio de colaboración entre el INFONAVIT y la Secretaría de Bienestar para realizar un censo de más de 845 mil casas es un primer paso para abordar esta crisis. La cifra, por sí sola, es alarmante. Imaginen cientos de miles de viviendas, potenciales hogares para familias mexicanas, convertidas en espacios abandonados, focos de inseguridad y reflejo de un sistema que ha fallado en su propósito.

La promesa de encontrar soluciones para las familias que ocupan estas viviendas, sin recurrir a desalojos, es un rayo de esperanza. Sin embargo, la magnitud del desafío requiere un enfoque integral que vaya más allá de simples paliativos. Se necesitan políticas públicas que promuevan la regularización de la tenencia de la tierra, que faciliten el acceso a créditos justos y que garanticen la seguridad jurídica de las familias. El compromiso de no desalojar a nadie es un paso importante, pero debe ir acompañado de soluciones reales y sostenibles que permitan a estas familias acceder a una vivienda digna y segura.

El camino hacia un INFONAVIT transparente y eficiente es largo y complejo. La lucha contra la corrupción requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad, las autoridades y la propia institución. La ciudadanía debe exigir rendición de cuentas, las autoridades deben investigar y sancionar a los responsables, y el INFONAVIT debe implementar mecanismos de control más rigurosos para prevenir futuros casos. Solo así se podrá recuperar la confianza en la institución y garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los trabajadores mexicanos. El futuro del INFONAVIT, y de miles de familias mexicanas, depende de ello.