El camino hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha visto empañado por la controversia. Dos candidatas a ministras, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, se encuentran en el ojo del huracán tras ser acusadas de infringir la ley electoral en el arranque de sus campañas. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha puesto el dedo en la llaga, señalando el uso ilícito de recursos y la violación de las normas establecidas para la contienda judicial.

En el caso de Yasmín Esquivel, el evento "Diálogos por la Transformación de la Justicia", celebrado en Ecatepec, ha levantado sospechas sobre la procedencia de los recursos utilizados. Además, la difusión de un video promocional en redes sociales, grabado en las instalaciones de la Suprema Corte, ha sido cuestionada por un posible uso indebido de recursos públicos. La inclusión de menores de edad en dicho video y la supuesta propaganda electoral excesiva, similar a la de productos comerciales como la sidra, añaden más leña al fuego. Si bien el video fue retirado de las redes, la sombra de la duda persiste y la investigación del INE sigue su curso. El fantasma de la inequidad se cierne sobre la contienda, amenazando con deslegitimar el proceso de selección.

Por otro lado, Loretta Ortiz enfrenta acusaciones similares. El evento organizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para impulsar su candidatura ha sido puesto bajo la lupa por el INE, que cuestiona el cumplimiento de las reglas de equidad en la organización de foros. Además, la aparición de servidoras públicas adscritas a la ponencia de la ministra en un video promocional ha generado interrogantes sobre la imparcialidad y la posible utilización de recursos públicos para fines proselitistas. Aunque el INE no ha encontrado pruebas suficientes para sancionar la aparición de estas funcionarias en el video, la sospecha queda en el aire.

Estas acusaciones arrojan una sombra de incertidumbre sobre la transparencia y la legitimidad del proceso de selección de ministros. La ciudadanía exige un proceso limpio y apegado a la ley, donde las candidaturas se basen en méritos y no en el acceso a recursos o influencias. La justicia debe ser ciega, y el camino para llegar a ella debe ser igualmente imparcial. ¿Se convertirá esta controversia en un parteaguas para reformar las reglas del juego en las elecciones judiciales? ¿Se implementarán medidas más estrictas para garantizar la equidad y la transparencia? El futuro de la Suprema Corte y la confianza de la ciudadanía en la justicia dependen de las respuestas a estas preguntas.

El INE ha ordenado a ambas candidatas retirar las publicaciones cuestionadas de sus redes sociales, un primer paso para intentar contener el daño. Sin embargo, el impacto de estas acusaciones ya ha resonado en la opinión pública, generando un debate crucial sobre la ética y la transparencia en los procesos electorales, especialmente en aquellos que definen el futuro de la justicia en el país. La sociedad civil se mantiene vigilante, exigiendo respuestas y acciones contundentes para garantizar que la elección de los próximos ministros de la Suprema Corte sea un proceso ejemplar e intachable. El camino hacia la justicia no puede estar manchado por la ilegalidad.