El 2024 marca un hito en la historia democrática de México. Por primera vez, la ciudadanía tendrá en sus manos la responsabilidad de elegir a quienes impartirán justicia: jueces, magistrados y ministros. Este proceso, sin precedentes, nos exige una reflexión profunda sobre el papel que jugamos como ciudadanas, especialmente nosotras, las mujeres, herederas de una larga lucha por la igualdad y la participación política.

Recordemos que hace 71 años, en 1953, el esfuerzo de generaciones de mujeres mexicanas culminó en la conquista del voto. Este triunfo no fue solo el reconocimiento de un derecho fundamental, sino el inicio de una transformación social que aún continúa. Hoy, frente a la posibilidad de elegir a quienes integrarán el Poder Judicial, nuestra participación adquiere una relevancia crucial. No podemos permitir que la justicia siga siendo un espacio diseñado y dominado por una sola perspectiva. Necesitamos una justicia que refleje la pluralidad de nuestra sociedad, que comprenda y atienda las realidades y necesidades de todos, incluyendo las nuestras.

La construcción de un Poder Judicial justo e igualitario no es una utopía, sino una necesidad urgente. Vivimos en un país donde la violencia contra las mujeres es una lacerante realidad. Once mujeres asesinadas cada día, un 90% de impunidad en los delitos de género, jueces que emiten sentencias sin perspectiva de género, incluso la liberación de abusadores sexuales de menores. Estos datos no son simples estadísticas, son la evidencia de un sistema que nos falla, un sistema que necesita una transformación profunda.

En este contexto, la asociación Defensorxs ha alertado sobre la presencia de candidaturas preocupantes, con antecedentes de corrupción, abuso sexual e incluso vínculos con grupos religiosos extremistas. Ante esta situación, informarnos a conciencia sobre cada candidato o candidata, analizar sus trayectorias y propuestas con una perspectiva de género, es nuestra obligación. No podemos dejar que el futuro de la justicia en México quede en manos de quienes no están comprometidos con la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres.

El llamado a la abstención que algunos sectores promueven, argumentando desacuerdo con la reforma, es una postura que debemos analizar con cuidado. Si bien el disenso es legítimo en una democracia, la abstención, en este caso, significa renunciar a nuestra voz, a nuestra capacidad de incidir en la construcción de un país más justo. No podemos dejar que otros decidan por nosotras, especialmente en un momento tan crucial como este.

La participación activa de las mujeres en estas elecciones no es solo un derecho, es un deber cívico. Es la oportunidad de honrar el legado de quienes lucharon por nuestro voto, de construir un sistema judicial que responda a las necesidades de todas las mexicanas, un sistema que garantice el acceso a la justicia, la protección contra la violencia y la igualdad de oportunidades.

No basta con decir "Es tiempo de mujeres". Debemos materializar ese anhelo con acciones concretas. Informémonos, analicemos, participemos. Nuestro voto es nuestra voz, y nuestra voz es esencial para construir el México que queremos. Un México donde la justicia sea para todas y todos, sin distinción.