La tensión entre Quintana Roo, bajo la administración de Mara Lezama, e inversionistas estadounidenses continúa en aumento, sumando un nuevo capítulo a una serie de controversias que ya generan preocupación. A los conflictos preexistentes con Vulcan Materials, por la "expropiación" de sus activos, y con Aguakan, donde el gobierno federal intervino para frenar las ambiciones de Acciona, se añade ahora una intervención gubernamental en una disputa entre particulares que ha despertado fuertes críticas.

El caso en cuestión involucra a Controladora Dolphin, del empresario Eduardo Albor, y al fondo estadounidense Leisure Investments. Recordemos que Dolphin se encuentra en concurso mercantil, con acreedores como Prudential, MetLife y Cigna reclamando alrededor de 200 millones de dólares. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Leisure Investments, dueña del 99% de las acciones de Dolphin a través de un fideicomiso en CI Banco, destituyó a Albor de la administración.

La decisión, tomada en una asamblea celebrada en la Ciudad de México, se fundamentó en desacuerdos sobre la operación de la empresa y la decisión del concurso mercantil. Representantes legales del fondo se presentaron en las oficinas de Dolphin con la orden judicial que avalaba la destitución de Albor. Sin embargo, la gobernadora Lezama intervino enviando un contingente de policías estatales que, sin orden judicial, desalojó a los representantes de Leisure Investments. Esta acción, considerada un desacato a la orden del Juez 10 Civil de la CDMX, ha generado un nuevo foco de conflicto, implicando una vez más a la Fiscalía de Quintana Roo, dirigida por Raciel López, en un acto que se percibe como hostil hacia los intereses privados.

Este nuevo incidente se suma a la creciente lista de desencuentros entre el gobierno de Quintana Roo y empresas extranjeras, creando un clima de incertidumbre que podría afectar la inversión en la región. La intervención de la gobernadora en una disputa entre particulares, desoyendo una orden judicial, plantea serias interrogantes sobre el respeto al estado de derecho y la seguridad jurídica en el estado.

En otros temas, la carrera por las posiciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entra en su recta final. A 48 días de las elecciones, 22 aspirantes, 11 hombres y 11 mujeres, se perfilan como los candidatos con mayores posibilidades. Se espera que, aplicando el principio de paridad, sean elegidos cuatro hombres y dos mujeres, completando así la cuota de cinco ministras en la SCJN. Entre los hombres mejor posicionados se encuentran Sergio Molina, Ángel Mario García, Carlos Enrique Odriozola, y otros nombres que resuenan en los pasillos de Palacio Nacional. En el caso de las mujeres, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Marisela Morales y Zulema Mosri lideran las preferencias. El seguimiento de las preferencias y el análisis de los perfiles de los aspirantes son temas de constante evaluación en el gobierno federal.

Mientras tanto, la visita de Adán Augusto López a Palacio Nacional ha generado expectativas. Tras una semana compleja, marcada por la llamada de atención de la Presidenta a la senadora Andrea Chávez por violar la ley electoral, se espera que la reunión con Claudia Sheinbaum arroje luz sobre el futuro político del líder de los senadores morenistas. Si bien ha sido un operador clave para el gobierno, su agenda personal y algunos conflictos de interés han comenzado a generar preocupación en las altas esferas, incluso atrayendo la atención de Estados Unidos.

En el sector automotriz, Stellantis México enfrenta desafíos importantes. Tras la llegada de Daniel González a la dirección, la compañía ha experimentado una serie de cambios, incluyendo la salida de cuatro ejecutivos de alto rango. Las ventas han caído casi un 30%, lejos del objetivo del 10% de participación de mercado. Además, la planta de Toluca, que produce las Jeep Compass y Wagoneer S, permanecerá cerrada durante abril, sumando otro obstáculo a la operación de la armadora en México.

Finalmente, Cristóbal Arias no logró su objetivo de convertirse en consejero independiente de Pemex. Su incumplimiento del requisito de dos años sin cargo político le impidió acceder al puesto. En su lugar, el Congreso aprobó los nombramientos de Juan José Paullada, María del Rosío Vargas y Héctor Sánchez, quienes se incorporan al consejo de la petrolera.