La promesa de una CURP con fotografía y datos biométricos se presenta como la solución moderna a la identificación en el siglo XXI. Nos pintan un futuro donde trámites engorrosos se vuelven ágiles, donde la seguridad se refuerza con la tecnología y donde el acceso a servicios se simplifica. Un futuro, sin duda, atractivo. Sin embargo, el entusiasmo se desvanece cuando recordamos el contexto en el que se plantea esta propuesta: México. Un país donde la seguridad de la información personal no es una garantía, sino una constante batalla.

Imaginemos por un momento la magnitud de la base de datos que se crearía. Millones de mexicanos, con sus huellas dactilares, escaneo de iris y demás información biométrica, concentrados en un solo repositorio. ¿Quién garantizaría la inviolabilidad de esa información? ¿Qué mecanismos de seguridad se implementarían para evitar filtraciones, robos o usos indebidos? Las preguntas son muchas, y las respuestas, hasta ahora, escasas.

El antecedente del RENAUT, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, nos da una idea de los riesgos. En 2009, se implementó este registro con la promesa de mejorar la seguridad. La realidad fue otra: la información personal quedó expuesta a vulnerabilidades y el proyecto se canceló en 2011. Este ejemplo, y otros como la filtración de datos del INE en 2016, nos demuestran que las buenas intenciones no son suficientes. Se necesita un marco legal robusto, instituciones sólidas y una verdadera voluntad política para proteger la información de los ciudadanos.

La propuesta de la CURP biométrica, en su estado actual, carece de la transparencia necesaria. No sabemos quién será el responsable de resguardar la información, cómo se administrará, ni qué medidas de seguridad se implementarán. No se han especificado los estándares tecnológicos, los protocolos de encriptación, ni los mecanismos de auditoría. En un país donde los organismos encargados de proteger los datos personales a menudo se ven rebasados, esta falta de claridad es, por decir lo menos, preocupante.

La digitalización en sí misma no es el problema. Muchos países han implementado sistemas de identificación digital de manera exitosa, protegiendo la privacidad de sus ciudadanos. La clave radica en la implementación responsable, con reglas claras, supervisión independiente y un compromiso real con la protección de los derechos digitales. En México, antes de dar un paso tan importante, necesitamos un debate público amplio e informado. Necesitamos que expertos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos participen en la construcción de un marco legal que garantice la seguridad de nuestra información. De lo contrario, corremos el riesgo de repetir los errores del pasado, con consecuencias potencialmente devastadoras para la privacidad y la seguridad de todos. No podemos permitir que la promesa de la modernidad se convierta en la puerta de entrada a una nueva era de vulnerabilidad. La CURP biométrica, en las condiciones actuales, no es una solución, sino una amenaza latente.