La repentina muerte de Miguel “N”, alias “el feminicida de Iztacalco”, ha sacudido los cimientos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y abierto un abanico de interrogantes que exigen respuestas inmediatas. Las autoridades penitenciarias, en un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informaron que el deceso ocurrió tras una caída que provocó una contusión, desencadenando una serie de eventos que culminaron con el fallecimiento del recluso en el Hospital General de Iztapalapa. Sin embargo, la brevedad y la aparente simplicidad de la explicación oficial han generado un clima de incertidumbre y especulación.

¿Fue realmente una simple caída la causa de la muerte? ¿Existieron factores que contribuyeron al fatal desenlace? ¿Se cumplieron todos los protocolos de seguridad y atención médica? Estas son solo algunas de las preguntas que flotan en el aire, demandando una investigación exhaustiva y transparente.

La SSC ha asegurado que se están llevando a cabo indagatorias internas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Es crucial que estas investigaciones no se limiten a una revisión superficial de los hechos, sino que profundicen en todos los aspectos relevantes, incluyendo el estado de salud previo de Miguel “N”, las condiciones de su reclusión, la atención médica que recibió tras la caída, y la posible existencia de negligencias o irregularidades por parte del personal penitenciario.

El hecho de que Miguel “N” estuviera bajo vigilancia con custodio de vista y recibiera tratamiento con medicamento controlado, como indica el comunicado de la SSC, añade una capa adicional de complejidad al caso. ¿Se administró correctamente la medicación? ¿Se monitorearon adecuadamente sus efectos? ¿Pudo la medicación haber influido en la caída o en el posterior desenlace? Estas son preguntas que deben ser abordadas con rigor científico y profesionalismo.

La muerte de un recluso bajo custodia del Estado siempre es un asunto grave que requiere la máxima atención. En este caso, la notoriedad del imputado y la naturaleza de los crímenes que se le imputaban –feminicidio– amplifican la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente que disipe cualquier sombra de duda y garantice la rendición de cuentas. La sociedad exige y merece saber la verdad completa sobre lo sucedido. No basta con un comunicado oficial escueto; se necesita una reconstrucción detallada de los hechos, respaldada por pruebas contundentes y peritajes independientes, que permita comprender la secuencia de eventos que condujeron a la muerte de Miguel “N”.

La confianza en las instituciones se construye con transparencia y con la capacidad de responder con veracidad y diligencia a las demandas de la ciudadanía. En este caso, la credibilidad del sistema penitenciario y del sistema de justicia en su conjunto está en juego. Es imperativo que las autoridades actúen con prontitud y eficacia para esclarecer este caso y garantizar que se haga justicia, no solo para Miguel “N”, sino también para las víctimas y sus familias, quienes merecen una explicación clara y convincente sobre lo sucedido.