La sombra de la derrota se cierne sobre el PAN en el Estado de México. Anuar Azar Figueroa, el timonel azul, navega en un mar de críticas tras los resultados de la pasada jornada electoral. La entrega de importantes bastiones municipales, como Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, a Morena, ha dejado una profunda herida en las filas panistas. Y la herida amenaza con gangrenarse. Se rumorea con insistencia que la soberbia de Azar Figueroa podría costarle al PAN otro municipio clave en 2027: Atizapán de Zaragoza, un territorio que el partido recuperó con esfuerzo en 2021 de la mano de Pedro Rodríguez Villegas. Lo que se percibe como un "agandalle" por parte del líder estatal ha generado una fractura interna, un cisma que divide a los liderazgos locales. La situación se complica aún más con la aparente deserción de figuras como Ana Balderas y Román Cortes Lugo, quienes, tras un sospechoso coqueteo con Morena durante las elecciones de 2023, ahora participan abiertamente en actos políticos de la 4T. Sin tapujos, se muestran sonrientes en fotografías junto a representantes del partido guinda, una traición que añade sal a la herida panista.

Mientras tanto, en Texcoco, el escándalo sacude al Patronato Ciudadano de la Feria Internacional del Caballo. La seguridad de los asistentes quedó en entredicho tras el incidente protagonizado por el cantante Luis R. Conriquez. El artista, fiel a su compromiso de no hacer apología del delito, fue agredido por una parte del público. Su representante, Fredy Pérez, relata momentos de angustia y temor por sus vidas, denunciando la inacción y la falta de protección por parte del personal de seguridad. Este episodio pone al descubierto la precariedad de la organización del evento y la cuestionable capacidad de la empresa de seguridad contratada, dejando en evidencia que para el patronato, el negocio parece prevalecer sobre la integridad de los asistentes. Una situación que exige una investigación a fondo y la rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes.

En contraste con este panorama sombrío, una luz de esperanza brilla en el Poder Judicial del Estado de México. La Sala de Asuntos Indígenas (SAI) celebra su segundo aniversario, un hito en la búsqueda de la justicia y el respeto para los pueblos originarios y la comunidad afromexicana. El magistrado presidente, Fernando Díaz Juárez, honrado con el bastón de mando, símbolo de liderazgo compartido, destaca la labor de la SAI, no solo como un espacio para la resolución de conflictos jurídicos, sino como un puente de entendimiento, un lugar donde se escucha, se orienta, se protege y, fundamentalmente, se transforman vidas. Un ejemplo de cómo la justicia puede ser un instrumento de inclusión y reconocimiento para las comunidades que históricamente han sido marginadas. Este aniversario es una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos que aún persisten en la construcción de un sistema judicial más justo e igualitario para todos.