La sombra de la censura y la represión se cierne nuevamente sobre Torreón. Los ecos de las protestas en el ejido Nuevo Mieleras, que clamaban justicia por Rolando Medina, se mezclan con el clamor por la libertad de prensa tras la agresión a dos periodistas. No hablamos de simples incidentes aislados, sino de un patrón alarmante que exige una respuesta contundente. Edith González, de Meganoticias Laguna, vio cómo le arrancaban su equipo de transmisión, un intento brutal de silenciar la verdad, de impedir que las imágenes de la represión policial llegaran a la luz pública. La violencia quedó grabada, un testimonio irrefutable de la impunidad con la que actúan algunos elementos del GRT. ¿Qué clase de fuerzas del orden atacan a la prensa que documenta sus excesos? No podemos permitir que la transparencia sea castigada, que el derecho a la información sea pisoteado.

El caso de Mariana Mejía, de Horizonte Lagunero, es igualmente indignante. Un empujón, una caída, una lesión. Un acto que podría parecer menor, pero que encierra una profunda carga simbólica. La violencia física se suma a la intimidación, a las fotografías tomadas a las periodistas y sus vehículos, una clara muestra de hostigamiento. ¿A qué le temen? ¿Por qué ese empeño en amedrentar a quienes buscan la verdad? La respuesta es inquietante: buscan operar en la oscuridad, lejos del escrutinio público.

Artículo 19 ha alzado la voz, y no es la primera vez. La organización, con una larga trayectoria en la defensa de la libertad de expresión, ha señalado con precisión la gravedad de estos hechos. No se trata solo de agresiones individuales, sino de un ataque sistemático a la prensa, un intento de silenciar las voces críticas, de controlar la narrativa. Es preocupante, además, la especial vulnerabilidad de las mujeres periodistas, quienes se enfrentan a una doble discriminación. La impunidad en estos casos alimenta un ciclo de violencia que debe romperse.

La CIDH y la RELE, organismos internacionales de reconocido prestigio, han reiterado la importancia de la protesta social como un derecho fundamental. El uso de la fuerza debe ser excepcional y proporcional, algo que claramente no ocurrió en el ejido Nuevo Mieleras. La actuación del GRT debe ser investigada a fondo, y los responsables deben rendir cuentas ante la justicia. No basta con condenas tibias, se necesitan acciones concretas.

La alerta emitida por CIMAC, especializada en la defensa de las mujeres periodistas, refuerza la gravedad de la situación. No se puede criminalizar la cobertura de protestas. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de las periodistas, de proteger su derecho a informar sin temor a represalias.

Y todo esto ocurre bajo la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González. Un alcalde que, recordemos, ya tiene antecedentes de agresiones verbales contra la prensa. El incidente con la periodista Camelia Muñoz, de Proceso, es una muestra más de la intolerancia y la hostilidad hacia el trabajo periodístico.

¿Qué futuro nos espera si permitimos que estos actos queden impunes? La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia. Silenciar a la prensa es silenciar a la sociedad. Es hora de exigir respuestas, de demandar justicia, de defender el derecho a la información. El silencio nos hace cómplices.