La sombra de la tragedia en Ciudad Juárez se alarga, y con ella, la incertidumbre. El eco de las llamas que consumieron la estación migratoria en marzo de 2023 aún resuena en los pasillos del Poder Judicial, donde se libra una batalla legal que mantiene en vilo al país y a la comunidad internacional. La reciente ratificación de la suspensión del proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), ha avivado el debate sobre la justicia y la rendición de cuentas en un caso que dejó una profunda herida en la conciencia colectiva.

La decisión del Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, de respaldar al juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón no ha estado exenta de polémica. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, voz de las víctimas y sus familias, ha alzado la voz enérgicamente, argumentando que la suspensión del proceso contradice las suspensiones provisionales previamente obtenidas y obstaculiza el camino hacia una verdadera reparación del daño. La falta de negociación y la, a su juicio, incorrecta convalidación de las pruebas presentadas por Garduño, son los pilares sobre los que se sustenta su impugnación. Para la Fundación, la indemnización otorgada por el Estado no puede atribuirse al comisionado, ya que se trata de procesos distintos que no eximen de la responsabilidad individual. Un argumento que resuena con fuerza en el clamor de justicia que aún se escucha en los pasillos de los tribunales.

El magistrado Octavio Pineda Toribio, durante la sesión que selló el destino del proceso, desestimó los argumentos de los representantes de las víctimas, asegurando que no existe oposición al proceso de reparación del daño. Sin embargo, la sombra de la duda persiste. ¿Es suficiente la indemnización económica para sanar las heridas de una tragedia de tal magnitud? ¿Puede el peso del dolor y la pérdida compensarse con una suma monetaria? Estas son las preguntas que flotan en el aire, sin una respuesta clara y concisa.

El silencio del INM, que hasta el momento no ha emitido una postura oficial sobre la resolución del tribunal, añade un nuevo capítulo a la incertidumbre. La falta de comunicación alimenta las especulaciones y erosiona la confianza en las instituciones encargadas de velar por la justicia. Mientras tanto, el peso del delito de ejercicio indebido del servicio público, imputado a Garduño, se cierne sobre el caso como una espada de Damocles.

Las 40 vidas truncadas y las 27 personas que llevan las marcas imborrables del incendio exigen respuestas. Exigen que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a la tragedia y que se depuren las responsabilidades. La sociedad, atenta a cada paso del proceso judicial, demanda transparencia y justicia. El caso Garduño, más allá de un proceso legal, se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos de los migrantes y en un recordatorio de la fragilidad de la vida humana. Un recordatorio que nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los más vulnerables y en la construcción de un futuro donde tragedias como la de Ciudad Juárez no vuelvan a repetirse.