La sombra de la recesión se cierne sobre México. El pronóstico de crecimiento cero de Banamex para 2025 ha desatado la furia del gobierno, una reacción predecible, quizás, pero que revela una preocupante desconexión con la realidad económica. Negar la herencia económica de López Obrador, por lealtad partidista, es una deslealtad hacia el pueblo mexicano. Es imperativo que el gobierno actual se desprenda de las ataduras del pasado y enfrente con honestidad la crítica situación que atraviesa el país. Solo reconociendo el problema se puede iniciar el arduo camino hacia la recuperación.

El Plan México, con su enfoque proteccionista, se presenta como la solución, pero ¿es realmente viable? Muchos, incluso dentro del gobierno, sospechan que no. Sirve, quizá, como un simple enunciado, una declaración de intenciones para aparentar tener un rumbo definido. Pero la realidad es que nos encontramos ante una disyuntiva: persistir en el proteccionismo, una zona de confort ideológico para la izquierda, o atrevernos a explorar la apertura económica, un camino que, aunque desafiante, podría ser la clave para la salvación del país.

El proteccionismo, como el canto de las sirenas, seduce con la promesa de la soberanía. Una soberanía que, irónicamente, recuerda al discurso aislacionista de Trump. Pero la historia nos demuestra que la fortaleza de las naciones reside en la cooperación, no en el aislamiento. Aspirar a la autosuficiencia en energía, alimentos, tecnología, medicina e ideas es un camino seguro al fracaso. La verdadera fortaleza radica en saber aprovechar las capacidades productivas y creativas de otras naciones para impulsar nuestro propio desarrollo.

Importar no es la debilidad, la debilidad es no saber cómo utilizar lo importado, o lo exportado, en beneficio del país. Un Plan ideal no se limitaría a evadir la planificación, sino que buscaría la forma de utilizar los recursos globales para nuestro propio beneficio.

La situación se complica aún más por la falta de capacidades productivas y la precaria situación fiscal heredada del sexenio anterior. Para alcanzar la anhelada "soberanía" del Plan México, el gobierno tendría que tomar decisiones drásticas, incluso dolorosas. Cancelar proyectos como la refinería Dos Bocas, abrir el sector energético a la inversión privada, reestructurar las Fuerzas Armadas, revisar los programas sociales y replantear el Tren Maya son solo algunas de las medidas necesarias para liberar recursos y encaminar al país hacia la recuperación.

El crecimiento cero implica una disminución en los ingresos fiscales, lo que agrava aún más la situación. Mantener los compromisos heredados de López Obrador haría imposible la implementación del Plan México, por simple falta de financiamiento. A esto se suma la incertidumbre generada por las políticas comerciales de Trump y la guerra comercial con China, factores que ahuyentan la inversión extranjera, tan necesaria para el desarrollo del país.

En lugar de atraer inversiones, México envía señales equivocadas al mundo. La reciente elección judicial, por ejemplo, pone en tela de juicio el Estado de Derecho, un elemento fundamental para la confianza de los inversionistas. Si la inversión se retrae ante la incertidumbre generada por Trump, ¿qué podemos esperar en un país con una historia de manipulación judicial por parte del gobierno? La necesidad de "aprobación" por parte de Palacio Nacional para establecer un negocio en México es una práctica propia de regímenes autoritarios, que desalienta la inversión y el libre flujo de capitales.

Para salir de esta crisis, México necesita un nuevo lenguaje, un lenguaje de apertura, no de aislamiento. Debe liberalizar las inversiones en sectores estratégicos, con regulaciones que garanticen beneficios fiscales, generación de empleos bien remunerados y el desarrollo de economías de escala a nivel regional y nacional.

No es momento para sucumbir al miedo. Es momento de trascender nuestras limitaciones y construir un nuevo país. Si no se toman medidas audaces en materia de apertura económica, seguiremos mendigando favores, como lo hace actualmente Ebrard en Washington. La decisión es política y requiere firmeza por parte de la Presidenta. En este escenario de incertidumbre global, quien define con claridad sus objetivos tiene una mayor probabilidad de alcanzarlos. Ese sujeto puede ser México.