En un panorama político donde la confianza en las instituciones es un tema crucial, la candidatura de Marisela Morales Ibáñez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se presenta como una bocanada de aire fresco. Su amplia trayectoria, que la ha llevado desde la defensa de oficio hasta la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR), no solo la distingue de otros candidatos, sino que le otorga una perspectiva única y completa del sistema judicial mexicano. Es una mujer que conoce el sistema desde sus cimientos, desde la trinchera de quienes buscan justicia hasta la responsabilidad de impartirla. Esta visión de 360 grados, como ella misma la define, es invaluable en un momento en el que el Poder Judicial se encuentra en un proceso de transformación histórica.

La ex procuradora no se limita a presentar un currículum impresionante; su discurso se centra en propuestas concretas y en un compromiso palpable con la justicia social. Su prioridad, de llegar a la SCJN, es clara: agilizar los procesos judiciales, asegurando resoluciones justas, impregnadas de una sensibilidad social, y recuperar la confianza ciudadana a través de la transparencia. En un país donde la justicia a menudo se percibe como lenta e inaccesible, su enfoque en la eficiencia y la cercanía con la gente resuena con fuerza.

La experiencia de Morales Ibáñez como defensora de oficio marca un punto de inflexión en su carrera y la diferencia de otros aspirantes a la máxima corte del país. Haber estado del lado de quienes no pueden costear una defensa legal le ha proporcionado una comprensión profunda de las necesidades reales de la población y de las vulnerabilidades del sistema. Esta vivencia se traduce en una propuesta clave: fortalecer la Defensoría Pública Federal, dotándola de autonomía, personal capacitado y recursos suficientes para garantizar su eficacia en todo el territorio nacional. Se trata, en definitiva, de asegurar el acceso a la justicia para todos, un derecho humano fundamental que, en muchas ocasiones, se ve vulnerado por la falta de recursos y la complejidad del sistema.

Otro aspecto fundamental de su propuesta es la promoción de la mediación como herramienta para descongestionar los tribunales y agilizar la resolución de conflictos. Morales Ibáñez apuesta por un modelo que ha demostrado su eficacia en otros países, como Italia, y que, en el contexto mexicano, podría significar un avance significativo en la eficiencia del sistema judicial. Para ello, plantea fortalecer los institutos de mediación y las barras de abogados, creando una red de apoyo que permita resolver conflictos de manera más ágil y menos costosa para las partes involucradas.

Más allá de su experiencia profesional, la historia personal de Marisela Morales Ibáñez también es un testimonio de perseverancia y compromiso. Casada a los 19 años y madre a los 20, ha sabido combinar su vida familiar con una carrera profesional exigente, demostrando una capacidad de trabajo y una determinación admirables. Su vocación por el derecho, nacida de las injusticias que presenció en su entorno familiar, la impulsa a poner toda su experiencia al servicio del país, con la convicción de que la justicia debe ser accesible para todos, sin importar su condición social o económica.

Finalmente, la candidata hace un llamado a la ciudadanía a ejercer un voto consciente e informado, a ir más allá de los currículums y analizar los resultados, el compromiso, la honestidad y la sensibilidad social de quienes aspiran a integrar la Suprema Corte. En un momento crucial para el futuro del Poder Judicial, la elección de magistrados no es un mero trámite burocrático, sino una oportunidad para construir un sistema judicial más justo, eficiente y transparente, un sistema que esté verdaderamente al servicio de la gente.