El sistema electoral mexicano se enfrenta a un desafío inédito con las próximas elecciones de personas juzgadoras. La magnitud del proceso, con más de 2,600 cargos judiciales federales y locales en disputa, exige un mecanismo de conteo de votos que garantice la transparencia, la operatividad y la precisión. A diferencia de las elecciones convencionales, en esta ocasión el escrutinio no se realizará en las casillas, sino en los órganos desconcentrados de las autoridades electorales en cada territorio. Esta decisión responde a la complejidad inherente a la elección judicial, donde cada boleta puede contener múltiples votos, dependiendo del cargo a elegir.

Imaginemos el caso del Estado de México, donde cada elector votará por entre 1 y 13 candidaturas en una sola papeleta. Esta particularidad implica un proceso de conteo mucho más complejo que el habitual, donde la simple mayoría define al ganador. El conteo manual, la diversidad de formatos en las boletas y la multiplicidad de cargos requieren un análisis minucioso que no es posible realizar en las casillas, con las limitaciones de tiempo y espacio que estas presentan. Se necesita un ambiente controlado, con personal capacitado y el tiempo suficiente para garantizar la precisión del conteo.

Ante este panorama, la legislación electoral, tanto a nivel federal como estatal, ha optado por modificar el procedimiento. La responsabilidad del cómputo recae ahora en los Consejos distritales, integrados por ciudadanos ajenos a estructuras gubernamentales o partidistas, preservando así la esencia ciudadana del proceso. Es importante destacar que estos ciudadanos no forman parte de la burocracia electoral, lo que refuerza la independencia y la imparcialidad del escrutinio.

El rol del funcionariado de casilla se limita a clasificar y contar las boletas por color, un primer paso fundamental para la organización del proceso. Posteriormente, las boletas se trasladan a las sedes de los Consejos, donde equipos de trabajo especializados se encargan del conteo detallado de los votos, cargo por cargo. Este sistema permite un procesamiento ordenado y meticuloso, minimizando el margen de error.

Más allá de la eficiencia técnica, esta nueva metodología fortalece la participación ciudadana en el proceso electoral. No solo se trata de contar votos, sino de ejercer un derecho constitucional, el de participar en los asuntos públicos. En el Instituto Electoral del Estado de México, hemos aprobado lineamientos específicos para asegurar un flujo continuo, observable y trazable en el cómputo de votos. Estos lineamientos buscan conciliar el rigor metodológico con los principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad.

La implementación de estos lineamientos refleja el compromiso de las autoridades electorales con la transparencia y la confiabilidad del proceso. La complejidad técnica se aborda mediante la colaboración y la supervisión ciudadana, pilares fundamentales para fortalecer la integridad del sistema electoral mexicano. En definitiva, estas elecciones judiciales representan una oportunidad para innovar y perfeccionar nuestros mecanismos democráticos, garantizando la participación ciudadana y la legitimidad de los resultados. El reto es grande, pero la convicción democrática es aún mayor.