La sombra de las desapariciones forzadas en México es larga y oscura, una herida abierta en la historia del país. El gobierno federal, con una determinación que se percibe genuina, se ha propuesto llegar hasta el fondo de este doloroso fenómeno. No se trata solo de investigar los casos recientes, sino de sumergirse en los archivos históricos, de remover la tierra y la memoria en busca de las víctimas de la llamada "Guerra Sucia". El Campo Militar Número Uno, escenario de sombrías sospechas durante décadas, ha sido el primer punto de búsqueda. La tecnología más avanzada, la misma que se utiliza para desenterrar vestigios arqueológicos, se ha empleado en la exploración de este lugar, símbolo de un pasado que aún atormenta. A pesar de los esfuerzos, los resultados han sido negativos hasta el momento. Pie de la Cuesta, Guerrero, otro lugar marcado por la tragedia, también ha sido escudriñado sin éxito. Pero la búsqueda no se detiene, es un compromiso a largo plazo.

Más allá de encontrar restos, el gobierno federal prepara un conjunto de acciones para, al menos en parte, resarcir el daño causado a las familias de las víctimas. Una disculpa pública, en nombre del Estado, es un paso fundamental para reconocer la responsabilidad del pasado. Se exploran también medidas de reparación económica, programas de apoyo social y pensiones para las víctimas y sus familiares. "La deuda histórica con los desaparecidos será pagada", afirma un alto funcionario, con una convicción que se ve respaldada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. No es una simulación, ni un discurso vacío. El compromiso se materializa en reuniones constantes con colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos, sin plazos ni límites de tiempo.

Este viernes, la activista Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, será recibida por el gobierno. Flores, una voz crítica durante la administración de López Obrador, incluso vinculada en algún momento con el crimen organizado en un intento de deslegitimar su lucha, ahora encuentra un espacio de diálogo abierto. Su cercanía con la excandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, no es un obstáculo. La instrucción de la presidenta Sheinbaum es clara: recibir, atender y escuchar a todas las voces, sin importar su pasado o sus afiliaciones políticas. La búsqueda de la verdad y la justicia trasciende las diferencias ideológicas.

Mientras tanto, en el Instituto Nacional Electoral (INE), las diferencias entre los consejeros continúan. La reciente polémica por la promoción de la elección judicial durante un partido de futbol ha vuelto a poner de manifiesto la tensión existente. Un grupo de consejeros, liderados por Carla Humphrey, se opuso a la difusión del proceso electoral en medios masivos, una postura que el Tribunal Electoral corrigió. La insistencia de algunos consejeros en aplicar las mismas reglas de una elección convencional a la elección judicial, donde no participan partidos políticos, ha generado controversia y se percibe como una incongruencia.

En Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri deberá responder a una controversia constitucional promovida por el gobierno federal. Su decisión de prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas de nivel básico ha sido considerada una invasión de competencias federales. La implementación de medidas de este tipo corresponde al Ejecutivo Federal, y la decisión unilateral de Kuri ha generado un conflicto institucional. El gobernador, al parecer, actuó sin consultar ni coordinarse con las autoridades federales, lo que ha desencadenado la respuesta legal del gobierno central.

Y como diría un filósofo cuyo nombre se me escapa en este momento: "El olvido está lleno de memoria". Las acciones del presente, tanto en la búsqueda de los desaparecidos como en las tensiones políticas, están marcadas por las sombras del pasado. La memoria, aunque a veces fragmentada o incompleta, sigue presente, influyendo en las decisiones y los debates del presente.