La rendición de cuentas en el ámbito judicial se ha convertido en una demanda social ineludible. La ciudadanía exige, con toda razón, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, especialmente en tiempos de austeridad. No se trata simplemente de una petición, sino de un derecho fundamental: saber cómo se invierten los impuestos que con esfuerzo contribuimos todos. Este clamor por la transparencia resuena con fuerza en cada proceso de designación de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, recordándonos la importancia de un sistema judicial que responda a las necesidades de la población y que, al mismo tiempo, sea responsable en el uso del erario. La exigencia ciudadana es clara: justicia eficaz y eficiente, sin opacidad ni dispendio.

La Constitución, en su artículo 6º, establece la publicidad de la información gubernamental como principio rector, con contadas excepciones. Este mandato constitucional se ve reforzado por leyes como la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la de Austeridad Republicana, que exigen un manejo escrupuloso de los fondos públicos, basado en la eficiencia, la eficacia, la economía, la transparencia y la honradez. Estos principios no son simples enunciados, sino directrices que deben guiar la actuación de todas las instituciones públicas, incluyendo, por supuesto, al Poder Judicial. La ciudadanía espera, y con justa razón, que las instituciones estén a la altura de las circunstancias, gestionando los recursos con inteligencia estratégica y una transparencia irrefutable.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consciente de esta demanda social, ha implementado medidas para optimizar el uso de su presupuesto. A pesar del incremento sustancial en la carga de trabajo, particularmente durante los procesos electorales de 2021 y 2024, se ha logrado una reducción del gasto. Sin embargo, el camino hacia la eficiencia plena es un proceso continuo que exige una constante revisión y mejora. La meta es ambiciosa, pero necesaria: hacer más con menos, poniendo la función pública al servicio de la gente, de manera tangible y comprobable.

Tras más de tres décadas de experiencia en el Poder Judicial Federal, dos de ellas en el Tribunal Electoral, he podido constatar de primera mano tanto los avances como las áreas que requieren mayor atención. Un diagnóstico preciso sobre la distribución y el ejercicio del presupuesto es crucial para identificar oportunidades de mejora. Este análisis profundo permitirá simplificar procesos, eliminar duplicidades y fortalecer la capacidad institucional sin comprometer las funciones esenciales del Tribunal. La eficiencia no se trata de recortar, sino de optimizar, de utilizar cada recurso de la manera más inteligente posible.

La tecnología juega un papel fundamental en este proceso de optimización. Su implementación estratégica permite ahorrar tiempo, reducir costos y, lo que es aún más importante, aumentar la transparencia en cada etapa del ejercicio del gasto. Imaginemos un sistema donde cada peso gastado sea fácilmente rastreable, donde la información esté disponible para la ciudadanía de manera clara y accesible. Esta transparencia no solo genera confianza, sino que también permite una fiscalización social efectiva.

Además de la tecnología, es fundamental la creación de un Consejo Ciudadano que acompañe, observe y supervise el trabajo de las áreas administrativas del Tribunal. Este Consejo, compuesto por ciudadanos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, podría proponer mejoras y contribuir a fortalecer la confianza pública. Su participación activa sería un elemento clave para asegurar el uso correcto de los recursos y fomentar una cultura de transparencia dentro de la institución.

En conclusión, la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos son pilares fundamentales para una justicia sólida y confiable. La ciudadanía tiene el derecho, y la obligación, de exigir claridad en el uso de sus impuestos y de fiscalizar el funcionamiento de los órganos de justicia. La justicia debe hablar con hechos, y eso implica, sin duda, administrar con responsabilidad y transparencia cada peso que se le confía.