La sombra de la impunidad se cierne sobre casos de alto perfil como los de Andrés Roemer y Tomás Zerón, dos figuras que, a pesar de las acusaciones graves que pesan sobre ellos, se encuentran en una compleja red legal que dificulta su extradición a México. Mientras la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, insiste en la necesidad de que ambos enfrenten la justicia mexicana, la realidad muestra un panorama intrincado, lleno de recursos legales y apelaciones que prolongan la espera de las víctimas y la incertidumbre sobre el futuro de estos procesos.

En el caso de Roemer, acusado de una serie de abusos sexuales y violaciones, la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de Israel de rechazar su apelación abre una pequeña ventana de esperanza. Sin embargo, el camino hacia la extradición aún no está despejado. La Fiscalía israelí debe solicitar al Ministro de Justicia la firma de la orden de extradición, y una vez emitida, Roemer aún tiene la posibilidad de presentar una nueva apelación ante la Suprema Corte. Este laberinto jurídico, aunque garantiza el debido proceso, puede significar una larga espera para las víctimas que buscan justicia y reparación. La gravedad de las acusaciones contra Roemer, que van desde el acoso hasta la violación, exige una respuesta contundente por parte de las autoridades, una respuesta que, hasta el momento, se ha visto entorpecida por las complejidades del sistema legal internacional. La incertidumbre que rodea este caso plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de cooperación internacional en la persecución de delitos graves y la protección de los derechos de las víctimas.

Por otro lado, el caso de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI) y acusado de tortura en el caso Ayotzinapa, se encuentra en un punto muerto. A pesar de las solicitudes del gobierno mexicano, no hay avances significativos en su extradición. La falta de información y la aparente inacción por parte de las autoridades israelíes generan preocupación y alimentan la sospecha de que la justicia podría no llegar para las víctimas de Ayotzinapa y sus familias, quienes llevan años clamando por la verdad y el castigo a los responsables. La figura de Zerón se ha convertido en un símbolo de la impunidad que rodea este trágico caso, y su permanencia en Israel representa una herida abierta para la sociedad mexicana. La necesidad de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia se convierte en un imperativo ético y moral que no puede ser ignorado.

La extradición de Roemer y Zerón se convierte, entonces, en un tema crucial para la credibilidad del sistema de justicia y la lucha contra la impunidad. La espera, la incertidumbre y la complejidad de los procesos legales no deben ser un obstáculo para que se haga justicia. La sociedad exige respuestas, las víctimas reclaman su derecho a la verdad y a la reparación, y la obligación del Estado es garantizar que estos casos no queden impunes. El tiempo corre, y con cada día que pasa, la herida de la injusticia se profundiza. Es imperativo que las autoridades mexicanas e israelíes redoblen sus esfuerzos para lograr la extradición de estos dos individuos y que se haga justicia, finalmente, en ambos casos. La lucha contra la impunidad no puede esperar.