La trágica muerte de Julio César Luna Rodríguez, dueño de los reconocidos Tacos del Julio, ha conmocionado a la comunidad y ha puesto en el centro del debate la seguridad y la lucha contra la extorsión en Nuevo León. Si bien el lamentable suceso ocurrió en San Nicolás de los Garza, la postura del gobierno de San Pedro Garza García, expresada en un comunicado oficial, ha generado una serie de interrogantes que merecen un análisis profundo.

La administración sampetrina, en su afán de deslindarse de cualquier responsabilidad en el caso, afirma no haber recibido notificación alguna de la denuncia interpuesta por la víctima ante la Fiscalía estatal en febrero. Este punto resulta crucial, ya que de haberse establecido una comunicación fluida entre ambas instancias, quizás se podría haber tejido una red de protección que evitara este fatal desenlace. La falta de coordinación interinstitucional, un mal endémico en nuestro sistema de justicia, se presenta una vez más como un obstáculo para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El comunicado también subraya que en los seis meses de la actual gestión no se ha recibido ninguna denuncia de extorsión. Si bien esto podría interpretarse como un indicador positivo, también cabe la posibilidad de que exista un subregistro de casos, derivado del miedo a represalias o la desconfianza en las autoridades. Es imperativo generar mecanismos que faciliten la denuncia anónima y garanticen la protección de quienes se atreven a alzar la voz contra este flagelo. La percepción de seguridad, tan importante como la seguridad misma, se construye con la confianza ciudadana en las instituciones.

Otro elemento que resalta en la narrativa oficial es la falta de seguimiento por parte del señor Luna Rodríguez a su denuncia ante el Ministerio Público. Si bien es cierto que la colaboración de la víctima es fundamental para el avance de las investigaciones, es necesario comprender las circunstancias que pueden llevar a una persona a no continuar con un proceso legal. El temor a las represalias, la desconfianza en el sistema o la falta de recursos económicos y apoyo legal pueden ser factores determinantes. Es responsabilidad del Estado brindar acompañamiento y protección a las víctimas, para que puedan ejercer su derecho a la justicia sin poner en riesgo su vida.

La disposición del gobierno de San Pedro Garza García a colaborar con la Fiscalía en la investigación, aunque loable, llega tarde. La prevención, la actuación oportuna y la coordinación interinstitucional son las claves para combatir la delincuencia. En este caso, la tragedia ya se consumó y solo queda la promesa de justicia. Esperemos que este lamentable suceso sirva como un llamado de atención para fortalecer las estrategias de seguridad, mejorar la comunicación entre las instancias gubernamentales y, sobre todo, para construir un entorno donde los ciudadanos se sientan protegidos y confiados en las autoridades. La vida de Julio César Luna Rodríguez no puede ser en vano. Su memoria debe impulsarnos a construir una sociedad más justa y segura para todos.