La Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde su nacimiento, ha cargado con el peso de la controversia. Su historia, plagada de denuncias por corrupción, fraudes y hasta torturas, documentadas por investigadores como Eric Frattini, ha sembrado la duda sobre su capacidad para actuar con la imparcialidad y la transparencia que se espera de un organismo de tal envergadura. Pareciera que los intereses de las grandes potencias, a menudo, eclipsan los nobles ideales plasmados en la Carta de las Naciones Unidas.

En este contexto, las recientes declaraciones de Olivier de Frouville, presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, sobre la situación en México, no hacen más que alimentar la desconfianza. Su aseveración sobre la sistematicidad y generalización de las desapariciones forzadas en el país, sin presentar pruebas contundentes que respalden sus afirmaciones, resulta no solo irresponsable, sino también profundamente preocupante. Imputar la participación de autoridades locales, municipales y federales en un delito de esta gravedad exige una solidez probatoria que, hasta el momento, brilla por su ausencia.

Resulta paradójico que un organismo con un historial tan cuestionable como la ONU se arrogue la autoridad moral para lanzar acusaciones tan graves. En México, la lucha por los derechos humanos ha experimentado avances significativos, especialmente en el respeto al derecho a la manifestación. Lejos quedan las épocas de represión sistemática con gases lacrimógenos y toletes que caracterizaron a gobiernos anteriores. Precisamente por ello, la postura de De Frouville resulta aún más desconcertante. En lugar de contribuir con propuestas constructivas y soluciones, opta por politizar un tema tan sensible como la desaparición de personas, un flagelo que exige la colaboración y el compromiso de todos, no la confrontación ni la instrumentalización política.

Como era de esperarse, la oposición, carente de propuestas y ávida de cualquier oportunidad para desestabilizar, ha aprovechado estas declaraciones para lanzar sus propios ataques contra el gobierno actual. Utilizan el dolor de las familias de los desaparecidos como arma arrojadiza en su juego político, olvidando convenientemente su propia responsabilidad en la tragedia. Es una actitud cínica e irresponsable que solo profundiza el sufrimiento de quienes buscan a sus seres queridos.

Ante esta situación, la reacción del Poder Legislativo, estudiando acciones legales contra De Frouville, es comprensible. Desde el Congreso, nos sumamos a la defensa del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo compromiso con los derechos humanos es innegable. Su administración representa una ruptura con las prácticas autoritarias del pasado y una apuesta por la construcción de un México más justo y respetuoso de la dignidad humana.

Finalmente, es imperativo que Olivier de Frouville, en lugar de emitir juicios a la ligera, se dedique a fortalecer la credibilidad de la ONU, un organismo que necesita urgentemente recuperar la confianza de la comunidad internacional. Sus declaraciones, sin fundamento y cargadas de sesgos políticos, no contribuyen a la búsqueda de la verdad ni a la justicia para las víctimas de desaparición forzada. Al contrario, socavan la labor de quienes trabajan incansablemente por esclarecer estos crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. Es hora de que la ONU esté a la altura de su misión y actúe con la responsabilidad y la imparcialidad que el mundo espera.