La tragedia que rodea el asesinato de Julio Luna, propietario de "Tacos del Julio", ha sacudido a la comunidad de San Nicolás de los Garza y ha puesto bajo la lupa la eficacia de las instituciones encargadas de protegernos. Más allá del dolor inmediato por la pérdida de una vida, este caso destapa una serie de interrogantes que nos obligan a reflexionar sobre la seguridad en Nuevo León y la lucha contra la extorsión.

La denuncia pública de Julio Luna, previa a su muerte, señalando a funcionarios de la Secretaría de Seguridad de San Pedro como los responsables de extorsionarlo, es un grito desgarrador que resuena en la conciencia colectiva. ¿Cómo es posible que quien debe velar por la seguridad de los ciudadanos se convierta en su verdugo? La cifra de 80 mil pesos mensuales como "derecho de piso", además de permitir la venta de alcohol sin licencia, nos dibuja un panorama sombrío de abuso de poder y corrupción.

La pronta respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo una investigación exhaustiva y un castigo ejemplar para los responsables, es un paso importante, pero no suficiente. Las palabras deben traducirse en acciones concretas y resultados tangibles. No basta con prometer justicia, hay que entregarla. La ciudadanía exige respuestas y, sobre todo, medidas que garanticen que este tipo de atrocidades no se repitan.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León afirmaba tener conocimiento de la extorsión que sufría Julio Luna. Si esto es cierto, ¿por qué no se actuó a tiempo? ¿Qué falló en el sistema? ¿Hubo negligencia, corrupción o simplemente desinterés? Estas preguntas no pueden quedar sin respuesta. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para recuperar la confianza en las instituciones.

La falta de detenidos hasta el momento agrava aún más la situación. La impunidad no solo es una ofensa a la memoria de la víctima, sino también una peligrosa señal para los criminales. Mientras los responsables sigan libres, la sombra de la inseguridad se cierne sobre todos los nuevoleonenses.

Este caso no puede ser visto como un hecho aislado. Es un síntoma de un mal mayor que aqueja a nuestra sociedad: la normalización de la extorsión y la complicidad de quienes deberían combatirla. Es hora de alzar la voz y exigir un cambio real. Necesitamos un sistema de justicia eficiente, policías honestos y un compromiso firme de las autoridades para erradicar este cáncer que corroe la tranquilidad de los ciudadanos.

La vida de Julio Luna no puede ser en vano. Su muerte debe servir como un llamado a la acción para construir un Nuevo León más seguro, donde la justicia prevalezca y la extorsión sea cosa del pasado. El miedo no puede paralizarnos. Debemos unirnos como sociedad y exigir a nuestros gobernantes que cumplan con su deber de protegernos. La seguridad es un derecho, no un privilegio.