La tragedia de las desapariciones en México se ha convertido en una llaga abierta, una herida que supura dolor e impunidad. No hablamos de simples estadísticas, sino de vidas truncadas, de familias destrozadas, de un país que se desangra en silencio. La política de "abrazos, no balazos" se ha traducido, en la práctica, en una permisividad que ha empoderado al crimen organizado, permitiendo que la sombra de la desaparición forzada se extienda como una epidemia silenciosa.

Imaginen un virus, invisible pero letal, que se propaga rápidamente, infectando a la sociedad con el miedo y la incertidumbre. Así actúan las desapariciones, como una enfermedad social que corroe el tejido mismo de nuestra nación. La Academia de Ciencias de Estados Unidos lo ha confirmado: las epidemias sociales siguen patrones similares a las virales. Existen "portadores", individuos o grupos que propagan la violencia, y "superpropagadores", factores como la corrupción o la impunidad, que aceleran su expansión. Si no se actúa a tiempo, la epidemia se descontrola, dejando tras de sí un rastro de dolor y desesperación.

En México, el Estado ha fallado en su deber de proteger a sus ciudadanos. La promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, tanto en 2015 como su posterior actualización en 2018, llegó tarde, como un parche a una herida profunda. La creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) y las fiscalías especializadas representaron un paso importante, pero insuficiente. La auditoría realizada en 2021 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló las carencias y limitaciones que aún persisten: falta de recursos, falta de coordinación entre instituciones, falta de una verdadera política pública que ataque el problema de raíz.

Recordemos el trabajo de Karla Quintana al frente de la CNBP. A pesar de su compromiso y capacidad, se enfrentó a un muro de indiferencia y obstáculos. La falta de apoyo del poder ejecutivo, legislativo y judicial lastró sus esfuerzos, dejando en evidencia la falta de voluntad política para combatir este flagelo.

Ante la inacción del Estado, las familias de las víctimas, en particular las madres buscadoras, se han convertido en heroínas anónimas, en la voz de los que ya no tienen voz. Con palas y picos en mano, recorren el país buscando cualquier rastro de sus seres queridos, enfrentándose a la hostilidad del crimen organizado y a la indiferencia de las autoridades. Su lucha incansable es un grito desesperado que exige justicia y verdad.

La crisis de las desapariciones en México no es un problema aislado, es un síntoma de una enfermedad más profunda: la descomposición del tejido social, la impunidad rampante, la corrupción que corroe las instituciones. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y actúe con contundencia. No basta con crear comisiones y promulgar leyes, se necesita una estrategia integral que involucre a todos los actores: gobierno, sociedad civil, organismos internacionales.

Necesitamos una política de Estado que priorice la prevención, la investigación y la sanción de los responsables. Necesitamos fortalecer las instituciones, dotarlas de recursos y personal capacitado. Necesitamos proteger a las víctimas y a sus familias, brindarles apoyo psicológico y legal. Necesitamos, sobre todo, construir una cultura de respeto a los derechos humanos, donde la vida y la dignidad de cada persona sean valoradas y protegidas. El futuro de México depende de ello.