La tragedia del Axe Ceremonia ha dejado una herida profunda en la escena musical y periodística del país. Más allá del horror inmediato de la caída de la estructura y la pérdida de dos jóvenes vidas, Berenice y Miguel, se abre un abismo de preguntas que nos obligan a mirar la precariedad, la negligencia y la impunidad que azotan a México.

No se trata solo de un accidente. Es la punta del iceberg de un sistema que permite que empresas como Grupo Eco operen con una aparente falta de control, poniendo en riesgo la vida de asistentes y trabajadores. El silencio inicial, la falta de información clara y la posterior tergiversación de los hechos solo agravan la herida. ¿Cómo es posible que en un evento de tal magnitud no existieran protocolos de seguridad adecuados? ¿Por qué se permitió el uso de grúas sin la supervisión necesaria? ¿Y por qué se intentó ocultar la verdad sobre la hora del fallecimiento de Berenice y Miguel?

La indignación que recorre las redes sociales no es solo por la muerte de dos jóvenes, sino por la representación de una realidad que muchos viven a diario. La precariedad laboral en el periodismo, especialmente entre los jóvenes, es un secreto a voces. Berenice y Miguel, como tantos otros, trabajaban sin contrato, sin seguridad social, sin derechos básicos. Su pago, a menudo, era simplemente la acreditación para el evento, la posibilidad de estar ahí, de documentar la música que amaban. ¿Acaso su pasión justifica la falta de garantías mínimas para su seguridad y bienestar? La respuesta, por supuesto, es un rotundo no.

La "coperacha" como mecanismo de apoyo ante la enfermedad de un colega es un síntoma de un sistema enfermo. Es la evidencia de la ausencia de un marco legal que proteja a quienes se dedican a informar, a contar historias, a capturar momentos. Y esta precariedad no se limita al periodismo. La "funa" a Grupo Eco ha destapado las pésimas condiciones laborales en la industria de los eventos, donde la explotación es, lamentablemente, la norma.

El caso del Parque Bicentenario y su concesión a Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP añade otra capa de complejidad a esta tragedia. La rapidez del trámite, las quejas vecinales ignoradas y la promesa incumplida del presidente de revisar la concesión dibujan un panorama de irregularidades y opacidad. ¿Qué intereses se esconden detrás de esta concesión? ¿Por qué se ha permitido que una empresa privada opere en un espacio público sin la debida supervisión y control?

En un país donde la violencia y la impunidad son el pan de cada día, la muerte de Berenice y Miguel ha resonado con una fuerza inusual. Quizás porque nos recuerda que la tragedia puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso en un espacio supuestamente seguro como un festival de música. Nos confronta con la fragilidad de la vida y con la necesidad urgente de exigir justicia, de exigir responsabilidades, de exigir un cambio.

No podemos permitir que la muerte de Berenice y Miguel sea solo una estadística más. Su memoria debe ser un impulso para la transformación, para la creación de un sistema que valore la vida y el trabajo, que garantice la seguridad y la justicia. Ojalá que, al menos, sus familias reciban la indemnización que merecen y una disculpa sincera, aunque ninguna de estas cosas podrá devolverles a sus seres queridos. Pero más allá de la reparación individual, es necesario un cambio estructural que impida que tragedias como esta se repitan. Es tiempo de exigir responsabilidades y de construir un futuro donde la vida y la dignidad de todos sean respetadas.