La reciente extradición de 29 narcotraficantes a Estados Unidos ha reabierto el debate sobre la compleja relación entre ambos países en materia de seguridad y justicia. Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señalando la dilación del Poder Judicial en los procesos de extradición, arrojan luz sobre un problema crónico que obstaculiza la lucha contra el crimen organizado transnacional. Si bien la entrega de estos criminales representa un avance significativo, la pregunta que persiste es: ¿qué hay detrás de estas demoras? ¿Son simples tecnicismos legales o existe una red de corrupción que protege a estos individuos, tal como lo sugiere el senador estadounidense Marco Rubio?

La presidenta Sheinbaum no ha dudado en señalar al Poder Judicial como responsable de la lentitud en estos procesos. Sus palabras resonaron con fuerza en Palacio Nacional, donde se proyectó el video con las declaraciones del senador Rubio, quien abiertamente habló de la "corrupción e influencia" que permea el sistema judicial mexicano. Esta acusación, proveniente de un alto funcionario estadounidense, añade un elemento de tensión diplomática a la ya compleja situación. No se trata de un simple intercambio de opiniones, sino de una declaración que pone en tela de juicio la integridad y la eficacia de las instituciones mexicanas.

La presidenta argumentó que muchos delincuentes, a pesar de tener juicios de extradición en su contra, recurren a amparos para retrasar o incluso evitar su entrega a Estados Unidos. Este recurso legal, concebido para proteger los derechos individuales, en ocasiones se convierte en una herramienta para la impunidad. La extradición de los 29 narcotraficantes, según Sheinbaum, fue una "excepción extraordinaria" precisamente para eludir estas trabas legales y asegurar que los criminales enfrentaran la justicia. Esta medida, si bien efectiva en este caso particular, deja entrever la magnitud del problema y la necesidad de una reforma profunda en el sistema judicial.

El señalamiento de la corrupción judicial no es nuevo. Desde hace años, diversas voces, tanto nacionales como internacionales, han denunciado la influencia del crimen organizado en las altas esferas del poder judicial. Jueces y magistrados, bajo amenazas o sobornos, retrasan procesos, liberan a criminales peligrosos e incluso obstruyen investigaciones. Este fenómeno no solo afecta la lucha contra el narcotráfico, sino que mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones y perpetúa la impunidad.

La presidenta Sheinbaum ha planteado la necesidad de un nuevo Poder Judicial, libre de corrupción y capaz de actuar con celeridad y transparencia. Esta no es una tarea sencilla. Requiere un compromiso real de todos los actores involucrados, desde el gobierno hasta la sociedad civil, para erradicar la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho. Además, se debe garantizar la protección de los jueces que son amenazados por el crimen organizado, para que puedan ejercer su función sin temor a represalias.

La extradición de los 29 narcotraficantes es un paso importante, pero no es la solución definitiva. La lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral que aborde las causas profundas del problema, incluyendo la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades. La cooperación internacional es fundamental en este esfuerzo, pero también lo es la voluntad política y la capacidad del Estado mexicano para fortalecer sus instituciones y garantizar la justicia para todos. El futuro de México depende, en gran medida, de la capacidad del país para enfrentar este desafío con determinación y eficacia.