La indignación se palpa en el aire de Torreón. La muerte del joven ingeniero Rolando Medina Puentes durante un operativo policial en el ejido Nuevo Mieleras ha desatado una tormenta de controversia, en la que las declaraciones del alcalde, Román Alberto Cepeda González, lejos de apaciguar los ánimos, han echado más leña al fuego. Su respuesta, calificada por muchos como vulgar e inapropiada, dirigida a quienes cuestionaban su ausencia tras el incidente, ha generado un profundo malestar en la ciudadanía. "Zopilotes carroñeros", fueron las palabras que utilizó para referirse a quienes especulaban sobre su estado de salud, una respuesta que resonó con la fuerza de un trueno en la tensa atmósfera social.

Mientras tanto, la versión oficial, defendida por el director de Seguridad Pública, César Perales Esparza, se centra en la supuesta agresividad de los ocupantes del predio, justificando la intervención del Grupo de Reacción Torreón y la trágica consecuencia: la muerte de Rolando Medina. Se habla de machetazos, de proyectiles, de una turba descontrolada. Se presenta al agente involucrado, Julián "NN", como una víctima en el cumplimiento de su deber, un hombre que recibió un machetazo en la cabeza y ahora cuenta con todo el respaldo institucional. Una narrativa que busca pintar un escenario de caos y violencia que justificara la actuación policial, pero que contrasta drásticamente con los testimonios de los familiares de la víctima.

Las hermanas de Rolando Medina relatan una historia diferente, una historia de brutalidad e indiferencia. Hablan de un disparo a quemarropa, de un agente que pisa el cuerpo ya inerte de su hermano, de la negación de auxilio médico. Su voz, cargada de dolor e impotencia, se alza en medio del ruido de las sirenas y la confusión, clamando justicia para Rolando. Una justicia que se antoja lejana, en un escenario donde la versión oficial parece blindada y las voces disidentes son rápidamente silenciadas.

La rápida disolución de la protesta en la glorieta Independencia, con la presencia intimidante de una docena de patrullas, deja un sabor amargo en la boca. La imagen de las fuerzas del orden dispersando a un grupo de familiares y amigos que lloran la pérdida de un ser querido es una poderosa metáfora de la situación actual: un duelo interrumpido, una voz acallada, una verdad que busca abrirse paso entre la maraña de declaraciones oficiales y justificaciones policiales.

El fiscal general del estado, Federico Fernández, ha cuestionado el proceder del Grupo de Reacción Torreón, hablando de falta de protocolo y evidente descuido. Sus palabras, aunque cautas, abren una grieta en la versión oficial, sugiriendo que la tragedia pudo haberse evitado. Sin embargo, la investigación continúa, y la incertidumbre se mantiene. ¿Se hará justicia? ¿Se escucharán las voces de los que claman por la verdad? ¿Prevalecerá la versión oficial o se llegará al fondo de lo ocurrido? El futuro de Torreón pende de un hilo, un hilo tensado por la indignación, el dolor y la esperanza de un futuro donde la justicia no sea una palabra vacía.