La lucha contra el crimen organizado en México continúa dando resultados contundentes. Desde el pasado 5 de febrero, la estrategia de seguridad implementada ha permitido asestar duros golpes a las estructuras delictivas, reflejándose en cifras significativas que demuestran el compromiso de las autoridades con la paz y la tranquilidad de la ciudadanía. La detención de 2,300 personas, un número que habla por sí solo, representa un avance considerable en el desmantelamiento de grupos criminales que operan en diversas regiones del país. Cada una de estas detenciones es el resultado de un trabajo minucioso de inteligencia, investigación y operativo, siempre con apego al Estado de derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos.

El aseguramiento de un arsenal de 2,033 armas de fuego, junto con 331,333 cartuchos y 10,038 cargadores, demuestra la capacidad de fuego que poseían estas organizaciones criminales y el peligro que representaban para la sociedad. Sacar de circulación estas armas es un paso crucial para reducir la violencia y construir un entorno más seguro para todos. A esto se suma la incautación de 26,397.36 kg de droga, incluyendo una cantidad alarmante de 163.35 kg de fentanilo, una sustancia altamente peligrosa que ha causado estragos en diversas comunidades. Combatir el tráfico de drogas es una prioridad para proteger la salud pública y evitar que estas sustancias lleguen a manos de nuestros jóvenes.

Los operativos también han permitido el decomiso de 1,887 vehículos, muchos de ellos probablemente utilizados para actividades ilícitas, y 280 inmuebles, que podrían haber servido como centros de operación o almacenamiento de drogas y armas. Estos aseguramientos representan un golpe significativo al patrimonio de las organizaciones delictivas, debilitando su capacidad de operar y financiarse.

Las acciones realizadas en diferentes estados del país, como Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, muestran la amplitud del operativo y el compromiso de las autoridades por combatir el crimen en todas sus formas. Desde la detención de individuos armados en Tijuana, hasta el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Sinaloa, cada acción contribuye a la construcción de un México más seguro.

El caso de Sinaloa, con la inhabilitación del laboratorio clandestino y el aseguramiento de precursores químicos, es particularmente relevante. La afectación económica a las organizaciones delictivas, estimada en 982 millones de pesos, demuestra el impacto de estas acciones en las finanzas del crimen organizado. Además, la localización e inhabilitación de cuatro campamentos utilizados por la delincuencia organizada en Sonora, junto con el aseguramiento de artefactos explosivos improvisados, evidencia la complejidad del desafío y la determinación de las fuerzas de seguridad por enfrentarlo.

Es importante destacar que estas acciones se llevan a cabo con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. La lucha contra el crimen organizado no puede ser a costa de la legalidad y la dignidad de las personas. El compromiso de las autoridades es claro: combatir la delincuencia con firmeza, pero siempre dentro del marco de la ley. La lucha contra el crimen es una tarea continua que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad. La información proporcionada por la ciudadanía es fundamental para el éxito de estos operativos. La seguridad es una responsabilidad compartida y juntos podemos construir un México más seguro y pacífico.