Se acerca mayo, el mes esperado por millones de trabajadores en México, sinónimo de un ingreso extra que alivia bolsillos y permite concretar proyectos postergados: el reparto de utilidades. Este derecho, consagrado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), genera cada año una serie de interrogantes que van desde quiénes son los beneficiarios hasta la forma en que se calcula el monto a recibir. Despejemos las dudas más comunes y exploremos los detalles de esta prestación laboral crucial.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) define el reparto de utilidades como un derecho constitucional que permite a los trabajadores participar de las ganancias generadas por la empresa o patrón gracias a la actividad productiva o los servicios ofrecidos. Es un reconocimiento a la contribución esencial de los empleados en el éxito empresarial, un principio de justicia social que busca una distribución más equitativa de la riqueza generada. Pero, ¿quiénes exactamente tienen derecho a recibir esta participación?

La LFT establece que todos los trabajadores que hayan laborado al menos 60 días durante el año fiscal en empresas con utilidades netas iguales o superiores a 300 mil pesos tienen derecho al reparto de utilidades. Sin embargo, existen algunas excepciones. Trabajadores domésticos, directores, administradores y gerentes generales, así como profesionistas, artesanos, técnicos y otros que presten sus servicios mediante honorarios sin una relación de subordinación con el patrón, no están incluidos en este beneficio. Es importante destacar que esta exclusión se basa en la naturaleza de la relación laboral y no en la importancia de la labor realizada.

El cálculo del monto a recibir por cada trabajador no es arbitrario, sino que se basa en una fórmula que considera tanto el salario percibido como los días trabajados. La cantidad total a repartir se divide en dos partes iguales: la primera se distribuye proporcionalmente a los días trabajados durante el año, mientras que la segunda se reparte en función del salario percibido. De esta manera, se busca un equilibrio entre la contribución en tiempo y la remuneración habitual de cada empleado. La transparencia en este proceso es fundamental para garantizar la justicia y evitar malentendidos.

Es importante tener en cuenta que existen circunstancias específicas en las que las empresas están exentas de la obligación de repartir utilidades. Estas excepciones están contempladas en la LFT y se aplican a empresas de nueva creación, instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, el IMSS y otras instituciones de seguridad social, así como empresas con un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria. Estas excepciones buscan proteger la viabilidad de ciertos sectores y fomentar la creación de empleo.

Las fechas límite para el pago de utilidades son el 30 de mayo para trabajadores de empresas y el 29 de junio para quienes laboran para una persona física. En caso de incumplimiento, los trabajadores pueden recurrir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para recibir asesoría y presentar la denuncia correspondiente. La PROFEDET pone a disposición de los trabajadores diversos canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas gratuitas y correo electrónico. El incumplimiento de esta obligación laboral puede acarrear multas significativas para las empresas, que van desde los 50 hasta los 5,000 salarios mínimos vigentes, de acuerdo con lo establecido en la LFT.

El reparto de utilidades es un derecho fundamental de los trabajadores, un reconocimiento a su esfuerzo y una herramienta para promover una distribución más justa de la riqueza. Informarse sobre este derecho, conocer los mecanismos de cálculo y las instancias de apoyo en caso de incumplimiento es crucial para garantizar su pleno ejercicio. La STPS y la PROFEDET son aliados clave para los trabajadores en la defensa de sus derechos laborales. No dudes en consultar sus recursos y buscar asesoría en caso de dudas o irregularidades.