La cruzada contra la comida chatarra en las escuelas mexicanas se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo una buena intención, mal implementada, puede generar consecuencias indeseadas, incluso contraproducentes. Mientras la obesidad infantil y la malnutrición se entrelazan en una preocupante paradoja nacional, la prohibición de la venta de estos productos en los centros escolares, lejos de solucionar el problema, parece estar exacerbándolo. Se rumora, incluso, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) podría dar marcha atrás a esta medida, lo que nos obliga a analizar a fondo las fallas de su diseño e implementación.

La prohibición, en su afán por proteger la salud de los menores, ha abierto las puertas a un floreciente mercado negro dentro de las mismas escuelas. Lejos de desaparecer, las golosinas y frituras se han convertido en objetos de contrabando, gestionados por pequeños emprendedores que, con la anuencia tácita de algunos docentes, han encontrado una lucrativa oportunidad de negocio. Irónicamente, esta prohibición, impulsada por un gobierno que se autodefine como transformador, termina fomentando el individualismo y el espíritu neoliberal, incentivando a los niños a burlar las reglas y obtener pingües ganancias a espaldas del sistema. Se les enseña, de manera indirecta, que el camino del contrabando, de la ilegalidad, es más rentable que el del emprendimiento formal, que implica responsabilidades fiscales y cumplimiento de normativas. Una lección, sin duda, perversa y contradictoria con los valores que la "Nueva Escuela Mexicana" pretende inculcar.

El problema de fondo no es la existencia de la comida chatarra, sino la falta de alternativas saludables y accesibles. La prohibición, sin una oferta paralela de alimentos nutritivos a precios competitivos, es una medida a medias, condenada al fracaso. ¿De qué sirve prohibir las papas fritas si no se ofrecen frutas frescas y verduras a un precio asequible? ¿Cómo competir contra el atractivo de los dulces y refrescos si no se promueve el consumo de agua y jugos naturales? Es más, resulta paradójico que se permita la venta del Chocolate del Bienestar en las escuelas, un producto cargado de sellos que advierten sobre su contenido nocivo, mientras existen alternativas de chocolate mucho más saludables en el mercado. ¿A quién beneficia realmente la venta de este producto? ¿A la salud de los niños o a los intereses económicos de algunos?

La estrategia de etiquetado frontal, inspirada en el modelo chileno, impulsada por Hugo López-Gatell, es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. Para que este tipo de medidas funcione, es indispensable garantizar la disponibilidad de productos sustitutos que sean atractivos, nutritivos y, sobre todo, accesibles al bolsillo de las familias. De lo contrario, se corre el riesgo de que la prohibición se convierta en un simple incentivo para el consumo clandestino, reforzando la idea de que lo prohibido es más deseable.

El diagnóstico de la SEP y la Secretaría de Salud es acertado: la alimentación infantil en México es deficiente. Sin embargo, la solución no radica en la simple prohibición de la comida chatarra, sino en la implementación de una política pública integral que incluya la educación nutricional, el fomento de hábitos alimenticios saludables y, fundamentalmente, la creación de un entorno alimentario que favorezca el acceso a productos nutritivos. Mientras tanto, la prohibición de la comida chatarra en las escuelas se perfila como otro ejemplo de una política pública mal diseñada, destinada a engrosar la lista de buenas intenciones que, por falta de planificación y visión estratégica, terminan generando resultados contrarios a los esperados. Y en un país con millones de niños sin un esquema completo de vacunación, no podemos permitirnos otro fracaso en materia de políticas públicas, especialmente cuando se trata de la salud y el bienestar de nuestros infantes.