La sombra de la diplomacia se cierne sobre el Canal de Panamá. Recientes declaraciones del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante su visita al país, han desatado una ola de especulaciones y análisis sobre el futuro de las tarifas que pagan los buques de guerra y submarinos norteamericanos por el tránsito interoceánico. Un tema delicado que toca las fibras de la soberanía panameña y la compleja relación bilateral.

Hegseth, tras la firma de un acuerdo con el gobierno panameño, habló de la importancia de que las tropas estadounidenses tengan prioridad y paso gratuito en momentos de contingencia. Unas palabras que, si bien buscan garantizar la rápida respuesta ante posibles crisis, han generado inquietud en Panamá, donde la memoria histórica aún guarda el eco de la intervención estadounidense. La aclaración del ministro panameño para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, intentó calmar las aguas al precisar que no se trata de eximir del pago a los buques de guerra, sino de buscar mecanismos de compensación por servicios de seguridad prestados por Panamá a Estados Unidos. Un matiz crucial que abre la puerta a un complejo juego de equilibrios diplomáticos y económicos.

La historia del Canal de Panamá es una historia de tensiones y negociaciones. Construido e inaugurado por Estados Unidos en 1914, la vía interoceánica pasó a manos panameñas en 1999, tras la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977. Estos tratados, piedra angular de la soberanía panameña sobre el canal, establecen la igualdad de tarifas para todos los buques, independientemente de su procedencia. Por ello, cualquier medida compensatoria hacia Estados Unidos se convierte en un tema sensible que debe ser tratado con la máxima cautela.

La amenaza del presidente Trump de "retomar el canal" si no se revisan las tarifas, añade una capa adicional de complejidad al asunto. Unas declaraciones que, si bien podrían interpretarse como una estrategia de presión, no dejan de generar preocupación en un país que ha luchado por su independencia y el control de su recurso estratégico.

El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, ha sido claro al respecto: cualquier acuerdo debe respetar los tratados y la Constitución panameña. Un mensaje dirigido tanto a la opinión pública nacional como a la administración estadounidense, reafirmando la firmeza de Panamá en la defensa de sus intereses.

Mientras tanto, las cifras hablan por sí solas. Si bien Estados Unidos y China son los principales usuarios del canal, el aporte económico de los buques de guerra y submarinos estadounidenses es mínimo. Según datos de la Autoridad del Canal de Panamá, representan apenas el 0.3% del tránsito total y han generado 25 millones de dólares desde 1998. Una cifra que palidece frente a los casi 5.000 millones de dólares de ingresos que el canal generó solo en el año fiscal 2024.

El futuro de las tarifas del Canal de Panamá se presenta como un tablero de ajedrez geopolítico. Las próximas jugadas definirán no solo el aspecto económico, sino también el equilibrio de poder en la región. Panamá, en la defensa de su soberanía, deberá navegar con cautela las aguas turbulentas de la diplomacia internacional.