La búsqueda de personas desaparecidas en México es una herida abierta que sigue sangrando. Familias enteras destrozadas, un clamor constante por justicia y la incansable lucha de colectivos que se niegan a olvidar a sus seres queridos. En este contexto, las palabras de la Secretaria Rosa Icela Rodríguez resuenan con una mezcla de esperanza y escepticismo. Su compromiso de no tolerar el maltrato ni el cansancio de los funcionarios encargados de la búsqueda es un bálsamo para quienes han enfrentado la indiferencia y la burocracia. "Aquí no se vale cansarse", sentenció, una frase que debería resonar en cada oficina gubernamental involucrada en esta dolorosa tarea.

Sin embargo, las palabras, aunque necesarias, no son suficientes. La realidad que viven los colectivos de búsqueda es una maraña de obstáculos: la falta de recursos, la complejidad del proceso, la impunidad que a menudo prevalece y, sí, el desgaste emocional que enfrentan tanto las familias como los funcionarios. La promesa de sustituir a quienes "se cansen" plantea la pregunta: ¿cómo asegurar que los nuevos funcionarios estarán realmente comprometidos y capacitados para la tarea? ¿Cómo garantizar que la rotación no se convierta en una excusa para la ineficiencia y la falta de resultados?

La mención de las iniciativas de ley enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado es un punto crucial. Estas iniciativas, que buscan fortalecer los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, representan una oportunidad para construir un marco jurídico más sólido y efectivo. La integración de las propuestas de los colectivos en estas iniciativas es fundamental para que la ley refleje la realidad que viven las familias y para que se convierta en una herramienta real para la justicia. Es imperativo que este proceso de diálogo y colaboración sea genuino y que las voces de quienes han sufrido la desaparición de un ser querido sean escuchadas y tomadas en cuenta.

La secretaria Rodríguez habla de "diseñar, juntas y juntos, una agenda de trabajo para prevenir y erradicar este tema". Esta co-construcción de la agenda es clave. No se trata solo de buscar a quienes ya no están, sino de prevenir futuras desapariciones. Esto implica abordar las causas estructurales que alimentan este flagelo: la violencia, la corrupción, la impunidad. Requiere un compromiso integral del Estado, que vaya más allá de las declaraciones y se traduzca en acciones concretas y en una asignación de recursos adecuada.

La instrucción de la Presidenta de actuar con sensibilidad y compromiso es un mandato que debe permear todos los niveles de la administración pública. La empatía, la escucha activa y la disposición a acompañar a las familias en su dolor son esenciales. No se trata solo de cumplir con un deber, sino de reconocer la humanidad de quienes buscan incansablemente a sus seres queridos. La renuncia de aquellos funcionarios que no estén dispuestos a cumplir con esta premisa es una medida necesaria, pero no suficiente. Se requiere un cambio de mentalidad, una cultura institucional que priorice la atención a las víctimas y que reconozca la gravedad de la crisis de desapariciones que vive el país.

En definitiva, el camino hacia la justicia y la verdad en los casos de desaparición es largo y complejo. Las palabras de la Secretaria Rodríguez son un paso en la dirección correcta, pero la verdadera prueba será la implementación de las medidas anunciadas y la capacidad del Estado para responder con eficacia y sensibilidad al clamor de las familias que buscan a sus desaparecidos. El tiempo, como siempre, será el juez implacable.