En el corazón del proceso electoral local extraordinario 2024-2025 en Veracruz, la determinación del tope de gastos de campaña para las candidaturas a juzgadoras ha generado un debate enriquecedor y crucial para la transparencia y equidad del proceso. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) ha fijado la cifra en 441,863.14 pesos, una cantidad que, según lo expresado, busca equilibrar las posibilidades de las candidatas sin desbordar los límites de una contienda justa y transparente.

Esta cifra, que se traduce en un gasto diario estimado de 14,728.77 pesos durante los 30 días de campaña (del 29 de abril al 28 de mayo), ha sido objeto de un profundo análisis por parte de la consejera electoral María Sánchez, presidenta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. Sánchez ha fundamentado la decisión en precedentes a nivel federal, buscando así una sólida base jurídica y una coherencia con las prácticas electorales establecidas.

El consejero electoral Fernando García ha destacado la trascendencia histórica de cada decisión tomada por el OPLE Veracruz, subrayando que la regulación de los gastos de campaña es fundamental para garantizar la equidad en la contienda y, por ende, la legitimidad del proceso. La ciudadanía, en su derecho a un proceso electoral transparente, se ve directamente implicada en estas decisiones que buscan nivelar el terreno de juego para todas las aspirantes.

Mirando hacia el futuro, la consejera Maty Lezama ha expresado su confianza en que los procesos electorales venideros puedan contar con herramientas aún más precisas para establecer topes de gastos objetivos y proporcionales, reforzando así la justicia y la equidad en la contienda, especialmente para magistraturas y jueces.

La consejera Mabel Hernández ha puesto el foco en la importancia de la fiscalización. Topes amplios, argumenta, facilitan un reporte activo de los gastos, permitiendo un mayor control y transparencia. Sin embargo, también advierte sobre la necesidad de discutir a fondo el tema del financiamiento para evitar disparidades y asegurar una competencia justa.

En la misma línea, la consejera María Fernández ha recordado que el financiamiento público se calcula mediante una fórmula que sustenta los topes de gastos personales de campaña, estableciendo una relación directa entre los recursos disponibles y los límites permitidos.

El consejero Quintín Dobarganes ha manifestado su apoyo a una elección ciudadana, promoviendo la participación de candidatas que emanen directamente de la sociedad civil.

Finalmente, la consejera presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Delgadillo, ha resaltado el consenso alcanzado, basado en los precedentes del Instituto Nacional Electoral (INE) y el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fundamentando la decisión en la racionalidad, las características de los cargos, el electorado y la territorialidad. Además, ha hecho hincapié en la importancia del acompañamiento a las candidaturas en materia de fiscalización, así como en la oportunidad de utilizar las redes sociales como herramienta de campaña, recordando que su uso también implica gastos que deben ser reportados.

Este proceso de definición de topes de gastos de campaña se presenta como un ejercicio de transparencia y un compromiso con la equidad en la contienda electoral, sentando las bases para un proceso justo y democrático en Veracruz. El debate generado y las diferentes perspectivas aportadas por los consejeros electorales enriquecen el proceso y demuestran la importancia de la vigilancia ciudadana en la construcción de una democracia sólida y transparente.