La historia de Karla Fernanda Hernández Gorostieta nos conmueve y nos obliga a reflexionar sobre las complejidades del sistema judicial, especialmente cuando se cruza con la salud mental. Imaginen la vida de una joven marcada por el autismo, el retraso en el desarrollo y la esquizofrenia, enfrentándose a la acusación más grave: el asesinato de su propia madre y su tío. Un panorama desolador que se complica aún más al considerar el entorno en el que creció, marcado, según la defensa, por el abuso sexual y la inestabilidad. Su paso por instituciones como el DIF y el Hospital Juan Navarro, lejos de ser un refugio, parecen haber sido capítulos más en una historia de dolor y abandono.

La Fiscalía General de Justicia, con la frialdad de los números y las estadísticas, pedía 120 años de cárcel para Karla. 120 años… una cifra que cuesta asimilar, sobre todo cuando se contrapone con la fragilidad de una joven con discapacidad psicosocial. Afortunadamente, la justicia, en esta ocasión, se vistió de humanidad. El Juez Alfredo Cárdenas Delgado, tras un análisis minucioso del caso, determinó que la Fiscalía no logró demostrar la participación de Karla en los homicidios. No se trataba simplemente de la falta de pruebas contundentes, sino de la imposibilidad de atribuirle responsabilidad penal a una persona que, según cuatro psiquiatras, actuó bajo un estado psicótico grave, sin capacidad de comprender la magnitud de sus actos.

La imagen de Karla Fernanda, con apenas 18 años, enfrentando un proceso judicial de tal envergadura, es desgarradora. La acusación se basaba, entre otros aspectos, en el testimonio de su propio tío, una de las víctimas. Sin embargo, los peritajes demostraron la imposibilidad de este testimonio, ya que la víctima llevaba varias horas fallecida al momento del supuesto señalamiento. Este detalle, aparentemente técnico, revela la fragilidad de las acusaciones y la importancia de un análisis profundo y objetivo de las pruebas.

El caso de Karla Fernanda no se limita a las paredes de un tribunal. Es un espejo que refleja las fallas de un sistema que, en ocasiones, parece olvidar la dimensión humana. Una joven con discapacidad, vulnerable y con un historial de sufrimiento, se convirtió en el centro de un proceso judicial que la revictimizó. La liberación de Karla no es el punto final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo que debe estar marcado por el apoyo, la comprensión y la atención a su salud mental. No podemos simplemente darle la espalda y olvidarnos de su historia. Es nuestra responsabilidad, como sociedad, asegurar que Karla reciba la ayuda que necesita para reconstruir su vida y encontrar la paz que tanto merece.

La pregunta que queda resonando es: ¿qué tipo de sociedad construimos si no somos capaces de proteger a los más vulnerables? El caso de Karla Fernanda es un llamado a la reflexión, a la empatía y a la acción. No podemos permitir que la injusticia y la indiferencia se impongan. Debemos trabajar juntos para construir un mundo más justo e inclusivo, donde la salud mental sea una prioridad y donde todos, sin importar sus circunstancias, tengan la oportunidad de vivir una vida digna. El camino no será fácil, pero la historia de Karla nos recuerda que la lucha por la justicia y la dignidad humana siempre vale la pena.