La Inteligencia Artificial (IA) se presenta como una herramienta revolucionaria para la fiscalización de recursos públicos, con el potencial de transformar radicalmente la transparencia y la rendición de cuentas en México. Imaginen un sistema capaz de detectar irregularidades de forma proactiva, anticipándose a posibles fraudes y optimizando el uso de los recursos públicos. Este futuro, que hasta hace poco parecía ciencia ficción, está al alcance de la mano gracias a la IA. Sin embargo, este avance tecnológico no está exento de riesgos. Como un vehículo potente que requiere un conductor experimentado, la IA necesita un marco normativo sólido y completo para evitar que su poder se desboque y provoque, paradójicamente, una catástrofe de corrupción.

El magistrado Miguel Ángel Mesa Carrillo, voz autorizada del Poder Judicial de la Ciudad de México, ha lanzado una advertencia crucial: la implementación de la IA en la fiscalización debe ir de la mano de una robusta estrategia de ciberseguridad. No se trata simplemente de un complemento, sino de un pilar fundamental. Sin ella, nos exponemos a un escenario distópico donde la manipulación política, el caos financiero, e incluso la delincuencia organizada, podrían utilizar la misma IA para sus fines ilícitos. Imaginen la devastación que podría causar un fraude masivo no detectado, orquestado con la precisión quirúrgica de una IA sin control, o una devaluación provocada por la manipulación de datos a través de algoritmos maliciosos. El impacto en la economía y la estabilidad social sería catastrófico.

La urgencia de una ley específica para la IA en la fiscalización no es una simple recomendación, es una necesidad imperante. No basta con "parches" legislativos que intenten tapar agujeros a medida que surgen los problemas. Necesitamos una legislación integral, clara y previsora que establezca las reglas del juego desde el principio. Esta ley debe abordar no solo la ciberseguridad, sino también la delicada cuestión de la privacidad de los datos. ¿Cómo garantizar que la IA, en su búsqueda de irregularidades, no vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos? La diferenciación entre datos públicos y privados debe ser una línea roja infranqueable.

Además de la legislación, es crucial invertir en capacitación e infraestructura. De nada sirve tener la mejor ley del mundo si las oficinas públicas no cuentan con los recursos necesarios para aplicarla. La capacitación del personal es esencial para comprender las complejidades de la IA y utilizarla de manera efectiva. Asimismo, se requiere una infraestructura tecnológica robusta y segura que soporte la implementación de estos sistemas. Sin presupuesto, la ley más avanzada se convierte en letra muerta.

Experiencias internacionales, como las de Estonia, Israel y la Unión Europea, nos ofrecen valiosas lecciones en materia de ciberseguridad y regulación de la IA. La creación de una red nacional de seguridad y la adopción de protocolos obligatorios, inspirados en estos modelos, son pasos cruciales para garantizar la integridad y la eficacia de la fiscalización. Mirar hacia afuera, aprender de las mejores prácticas y adaptarlas a nuestra realidad, es fundamental para construir un sistema robusto y confiable.

La propuesta del magistrado Mesa Carrillo de retomar los modelos de certificación, transparencia y sanciones de la Unión Europea y Brasil es un punto de partida importante. Estos modelos priorizan la necesidad de controlar y supervisar las acciones de la IA dentro de un marco ético que respete irrestrictamente los derechos humanos. La certificación de los sistemas de IA, la transparencia en sus algoritmos y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento son elementos esenciales para garantizar un uso responsable de esta poderosa tecnología.

Finalmente, la cooperación entre todos los sectores de la sociedad es indispensable. Academia, gobierno, sector privado y ciudadanía deben trabajar juntos para construir un futuro donde la IA sea una herramienta al servicio del bien común. Instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tienen la oportunidad de liderar este proceso y demostrar el potencial transformador de la IA en la lucha contra la corrupción. El desafío es grande, pero las recompensas de un sistema de fiscalización más eficiente, transparente y justo son aún mayores.