La inseguridad en las carreteras mexicanas se ha convertido en una constante que acecha a quienes transitan por ellas. Desde Puebla hasta las autopistas de cuota, como la México-Tulancingo y la México-Querétaro, las historias de asaltos, robos y violencia se multiplican, pintando un panorama desolador para los conductores. No solo se trata de la presencia de delincuentes comunes, sino también del uso de tácticas cada vez más sofisticadas, como el uso de patrullas clonadas o la colocación de obstáculos para obligar a los vehículos a detenerse. Es una realidad que nos obliga a preguntarnos: ¿qué ha pasado con la seguridad en nuestras carreteras? ¿Dónde quedó la promesa de un México en paz?

La estrategia de "abrazos, no balazos" del anterior gobierno, si bien buscaba una alternativa a la confrontación directa, parece haber abierto la puerta a una impunidad creciente. El costo, lamentablemente, se ha medido en vidas, pérdidas patrimoniales y un deterioro palpable de la seguridad. Esta situación, además, nos coloca en una posición vulnerable ante la mirada internacional, alimentando la narrativa de que México es un país peligroso, lo que a su vez puede justificar intervenciones externas no deseadas.

Si bien figuras como Omar García Harfuch cuentan con un historial reconocido en la lucha contra el crimen, se enfrentan a la compleja herencia de la inacción y la permisividad. La última encuesta del INEGI sobre la percepción de seguridad en zonas urbanas confirma lo que muchos vivimos a diario: el miedo se ha apoderado de nuestras calles y carreteras. La sensación de vulnerabilidad crece ante el avance de grupos delictivos que operan con impunidad, apropiándose de territorios enteros y sometiendo a las comunidades a su voluntad.

Mientras la maquinaria oficial se centra en las cifras de homicidios, argumentando una disminución que muchos ponen en duda debido a la posible manipulación de datos, la realidad nos golpea con el aumento de las desapariciones, una tragedia humanitaria que deja un profundo dolor en miles de familias mexicanas. ¿Cómo podemos hablar de progreso cuando tantas personas viven con la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos?

El cobro de piso, una práctica que se extiende como una plaga, se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de estos grupos criminales. Comunidades enteras se ven obligadas a pagar por su seguridad, por el derecho a transitar, a trabajar, a vivir. Un estudio del Colegio de México revela la magnitud del problema, mostrando cómo el crimen organizado ha infiltrado incluso la venta de productos legales, como los cigarrillos, generando ganancias que rivalizan con las del narcotráfico. Es una realidad alarmante que exige una respuesta contundente.

Sin la participación activa y comprometida de los gobernadores, la seguridad seguirá siendo una quimera. Corremos el riesgo de consolidar una "pax criminal" basada en la extorsión y el control territorial, un escenario que no podemos permitir. Es urgente un cambio de rumbo, una estrategia integral que involucre a todos los niveles de gobierno y que priorice la protección de los ciudadanos. La paz no se construye con discursos, sino con acciones concretas y una firme voluntad de combatir la impunidad.