La vorágine del desarrollo inmobiliario en México ha traído consigo luces y sombras. Por un lado, impulsa la economía y genera empleos, pero por el otro, ha abierto la puerta a prácticas corruptas que perjudican a la ciudadanía y erosionan la confianza en las instituciones. En este contexto, la iniciativa presentada por el Diputado Federal Luis Humberto Fernández Fuentes emerge como un faro de esperanza para combatir los carteles inmobiliarios y la corrupción que los ampara.

Esta propuesta, que busca crear el tipo penal de corrupción inmobiliaria, no es una simple adición al catálogo de delitos. Representa un cambio de paradigma, una declaración de guerra contra la impunidad que por demasiado tiempo ha reinado en este sector. No se trata de criminalizar la actividad inmobiliaria en su conjunto, sino de sancionar a quienes se aprovechan de ella para enriquecerse ilícitamente a costa del patrimonio y la tranquilidad de las familias mexicanas.

Imaginemos el caso de una familia que, con el esfuerzo de toda una vida, logra adquirir un terreno para construir su hogar. De pronto, se ven despojados de su propiedad por un grupo de personas influyentes que operan al margen de la ley, amparados por la oscuridad y la falta de regulación. ¿Qué recurso les queda a estas familias? Muchas veces, la respuesta es desoladora: la impotencia y la desesperanza.

La iniciativa del Diputado Fernández Fuentes busca precisamente brindarles a estas familias una herramienta legal para defenderse, para que la justicia alcance a quienes se creen intocables. Las sanciones propuestas, que van de cinco a diez años de prisión, más la mitad de la pena cuando se involucran servidores públicos o familiares, envían un mensaje claro: la corrupción inmobiliaria no será tolerada.

Es fundamental comprender que esta iniciativa no pretende generalizar ni estigmatizar al sector inmobiliario. Reconoce el aporte invaluable que este sector realiza a la economía nacional, pero al mismo tiempo, señala con firmeza la necesidad de erradicar las prácticas corruptas que lo manchan. Se busca distinguir entre quienes operan con honestidad y transparencia, y aquellos que se esconden en las sombras para cometer ilícitos.

La creación del tipo penal de corrupción inmobiliaria, junto con las reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tejerá una red jurídica más sólida para combatir este flagelo. Se trata de una propuesta integral que ataca el problema desde diferentes ángulos, cerrando las brechas que permitían la impunidad.

La aprobación de esta iniciativa representaría un paso crucial en la construcción de un México más justo y equitativo, un país donde el derecho a la propiedad esté garantizado y donde la corrupción no tenga cabida. Es una apuesta por la transparencia, la legalidad y la confianza en las instituciones. Es, en definitiva, una apuesta por el futuro.

Ahora, la responsabilidad recae en el Poder Legislativo. Es momento de que los diputados y senadores analicen esta propuesta con la seriedad que merece y la aprueben para brindar a la ciudadanía la protección que necesita. El combate a la corrupción inmobiliaria es una tarea de todos, y la aprobación de esta iniciativa sería un paso firme en la dirección correcta. Es hora de decir basta a la impunidad y construir un México donde la justicia y la legalidad prevalezcan.