La desaparición de personas es una herida abierta en el corazón de nuestra sociedad, una tragedia que nos exige actuar con urgencia, empatía y una profunda convicción de justicia. El dolor de las familias que buscan incansablemente a sus seres queridos es un llamado a la acción que no podemos ignorar. Por ello, el diálogo permanente y la construcción conjunta de una agenda de trabajo se convierten en herramientas fundamentales para afrontar este desafío.

No se trata simplemente de escuchar, sino de comprender la magnitud del sufrimiento y la frustración que genera la incertidumbre. Cada testimonio, cada historia de ausencia, es un recordatorio de la responsabilidad que tenemos como gobierno y como sociedad de brindar respuestas, de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia.

El compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum es claro: fortalecer los procesos de búsqueda a través de acciones concretas y reformas legislativas que permitan una respuesta más eficaz y coordinada. La creación de una plataforma única de identidad, la alerta nacional inmediata para la búsqueda y la Base Nacional de Carpetas de Investigación son medidas cruciales para agilizar los procesos y evitar la duplicidad de esfuerzos.

La coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno es esencial para el éxito de estas acciones. Debemos trabajar en conjunto, superando cualquier obstáculo burocrático o falta de comunicación, para que la búsqueda de personas desaparecidas sea una prioridad en todo el país. Es inaceptable que las familias se enfrenten a la indiferencia o la falta de colaboración de las autoridades.

La profesionalización y capacitación del personal ministerial, policial y pericial es otro aspecto fundamental. Necesitamos contar con equipos especializados, con las herramientas y conocimientos necesarios para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y con la debida diligencia. La impunidad no puede ser una opción.

El acceso a la información es un derecho de las víctimas y una obligación del Estado. La colaboración de particulares, como laboratorios, funerarias y hospitales, es crucial para agilizar la identificación de personas. Es necesario establecer mecanismos legales que garanticen el acceso a sus bases de datos y sancionar a quienes se nieguen a cooperar.

El apoyo a las familias de las víctimas no se limita a la búsqueda de sus seres queridos. También implica brindarles acompañamiento psicológico, asesoría legal y acceso a la justicia. Debemos reconocer su derecho a la verdad y a la reparación integral del daño.

La lucha contra la impunidad es una tarea de todos. Debemos construir una sociedad en la que la desaparición de personas sea inaceptable y en la que las víctimas encuentren justicia y reparación. El diálogo, la colaboración y el compromiso son las claves para alcanzar este objetivo. No nos cansaremos, no bajaremos la guardia, hasta que todas las familias encuentren las respuestas que buscan y la paz que merecen. Este no es un tema de puestos o cargos, es un tema de humanidad, de empatía y de justicia.