La violencia contra las mujeres en México es una llaga abierta que exige una respuesta contundente y multifacética. Las cifras son alarmantes, más de 20,000 mujeres asesinadas en los últimos seis años, una estadística que nos golpea con la crudeza de una realidad ineludible. Cada una de estas vidas truncadas representa no solo una tragedia individual, sino también el fracaso de un sistema que debe garantizar la seguridad y la justicia para todas las ciudadanas.

Si bien es cierto que se han implementado políticas públicas con la intención de proteger a las mujeres, como la red de abogadas en las agencias del Ministerio Público y la creación de los espacios LUNAS, estos esfuerzos, aunque loables, resultan insuficientes ante la magnitud del problema. Es fundamental reconocer que la justicia expedita y con perspectiva de género no es un complemento, sino un componente esencial de cualquier estrategia para combatir la violencia feminicida.

La labor de la Secretaría de las Mujeres, bajo el liderazgo de Citlalli Hernández Mora, es crucial en el fortalecimiento de políticas que empoderen a las mujeres. Del mismo modo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con Omar García Harfuch al mando, ha implementado unidades especializadas y operativos de atención inmediata, así como capacitaciones en protocolos sensibles al género para su personal. La estrategia “Mujeres Constructoras de Paz”, impulsada por Rosa Icela Rodríguez desde la Secretaría de Gobernación, busca visibilizar los territorios más peligrosos para las mujeres y coordinar esfuerzos con estados y municipios para prevenir feminicidios.

La inversión social histórica de 233 mil 732 millones de pesos destinada a promover la igualdad sustantiva y atender las causas estructurales de la violencia es un paso importante. Sin embargo, ninguna política pública, por bien intencionada que sea, será suficiente si la impunidad prevalece. El castigo a los responsables es una condición sine qua non para romper el ciclo de violencia.

El caso relatado por el servidor público anónimo de la CDMX, sobre la mujer torturada y descuartizada tras grabar a integrantes del crimen organizado, ilustra la brutalidad a la que nos enfrentamos y la necesidad de una actuación firme y eficaz por parte de las autoridades. La sustracción o eliminación de los videos del C5, que llevó a la liberación de los implicados Miguel "N" y Adriana "N", pone de manifiesto la fragilidad del sistema y la posibilidad de corrupción que lo permea.

La resolución de la jueza Belem Bolaños en el caso de la mujer asesinada, aunque no pudo dictar sentencia por feminicidio debido a la acusación inicial de la Fiscalía, es un ejemplo de cómo la perspectiva de género puede y debe aplicarse en el análisis de los hechos. Su decisión, basada en las pruebas y el contexto, abre una luz de esperanza en el Poder Judicial y demuestra la importancia de contar con servidoras públicas comprometidas con la justicia y la protección de las mujeres.

Es imperativo que la Fiscalía y otras instituciones sigan el ejemplo de la jueza Bolaños y trabajen en la misma dirección para que se imparta la justicia que las víctimas y la sociedad merecen. La lucha contra la violencia feminicida requiere un compromiso inquebrantable de todas las instancias del Estado, así como la participación activa de la sociedad civil. No podemos permitir que la impunidad siga siendo la norma.

En otros ámbitos, la participación de Emilio Barriga en el Foro Global de Alianzas para la Anticorrupción 2025, donde compartió la experiencia mexicana en el uso de tecnología para fortalecer la revisión del gasto público, destaca el compromiso del país con la transparencia y el combate a la corrupción.

Por otro lado, el llamado de atención a la senadora Andrea Chávez por su promoción y campaña anticipada, refleja la necesidad de que los servidores públicos se concentren en sus funciones y responsabilidades. La promoción personal y las aspiraciones políticas no deben anteponerse al servicio a la ciudadanía.

Finalmente, el compromiso de Coca-Cola FEMSA con la sostenibilidad, evidenciado en su informe sobre el reabastecimiento del 100% del agua utilizada en sus operaciones, es un ejemplo a seguir para el sector empresarial. La responsabilidad ambiental, la digitalización y la eficiencia deben ser pilares del desarrollo, sin perder de vista el impacto en las comunidades y los colaboradores.