La tranquilidad de un hogar, la seguridad de un patrimonio construido con años de esfuerzo, se ve amenazada por la sombra creciente del despojo. El caso de la señora Carlota en Chalco, un triste ejemplo de esta realidad, ha encendido las alarmas y puesto en evidencia la urgencia de actuar. No se trata solo de un delito contra la propiedad, sino de una violación a la paz y la dignidad de las familias mexiquenses. Ante esta preocupante situación, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, ha anunciado una estrategia integral para combatir este flagelo que afecta principalmente la zona Oriente y el Valle de México.

No basta con lamentarse, se requiere acción contundente. Y es precisamente eso lo que se está gestando en los más altos niveles de gobierno. Se avecina un operativo interinstitucional, una ofensiva coordinada que unirá fuerzas federales, estatales y municipales. La Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y los municipios trabajarán codo a codo para frenar el avance de este delito que corroe la confianza en las instituciones y vulnera el patrimonio de los ciudadanos. No se trata de una tarea sencilla, pero la determinación es firme.

La estrategia no se limita a la persecución del delito, va a la raíz del problema. Se revisará a fondo la posible colusión de autoridades en áreas clave como Catastro y el Registro Público, así como la actuación de notarios. Se busca desmantelar las redes que facilitan el despojo, erradicar la corrupción que permite que estos actos queden impunes. La transparencia y la rendición de cuentas serán pilares fundamentales en esta lucha.

La preocupación se extiende a municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tultepec y Tecámac, donde el despojo ha dejado una profunda huella de inseguridad. Familias enteras han visto cómo el sueño de la casa propia se convierte en una pesadilla. Por ello, se ha priorizado la atención a esta problemática, entendiendo que el patrimonio es mucho más que ladrillos y cemento, es el reflejo del esfuerzo, la historia y la esperanza de un futuro mejor.

El convenio firmado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) es una pieza clave en esta estrategia. La regularización de viviendas, lotes urbanos y tierra ejidal brindará certeza jurídica a miles de familias y contribuirá a prevenir futuros despojos. La colaboración interinstitucional es fundamental para el éxito de esta iniciativa. Solo trabajando juntos, gobierno y sociedad, se podrá construir un Estado de México más seguro y justo.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) son contundentes: 861 denuncias por despojo en el primer bimestre del año, un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos números no son solo estadísticas, representan historias de angustia e incertidumbre. Detrás de cada denuncia hay familias que luchan por recuperar lo que les pertenece, por reconstruir su vida. Es hora de decir basta, de unir fuerzas y proteger el patrimonio de los mexiquenses. La batalla contra el despojo apenas comienza, pero la determinación es inquebrantable.