El desgarrador testimonio de Liliana Pérez, miembro del Colectivo “Madres en Resistencia”, nos golpea con la cruda realidad de las desapariciones forzadas en México. Su voz, quebrada por el dolor de la ausencia de sus dos hijos, uno de ellos militar en activo, resuena como un grito desesperado en medio de la indiferencia institucional. Dos mil doscientos veinte casos denunciados en Chiapas, una cifra escalofriante que, según Pérez, se queda corta ante el miedo que paraliza a muchas madres, impidiéndoles alzar la voz y exigir justicia. La impunidad se ceba con las familias, dejándolas a merced de la incertidumbre y el desamparo. El señalamiento directo hacia el ejército mexicano añade una capa aún más oscura a este drama, planteando interrogantes sobre la responsabilidad del Estado en la protección de sus ciudadanos. La negativa inicial de Liliana a denunciar, basada en la supuesta colusión entre la Fiscalía, el C5 de Chiapas y los militares, revela la profunda desconfianza en las instituciones encargadas de procurar justicia.

El caso de Teuchitlán, con sus macabros hallazgos, ha actuado como un detonante, exponiendo ante la comunidad internacional la magnitud de la crisis de desapariciones en México. La ineficacia, las omisiones, e incluso la posible complicidad de algunos sectores del gobierno con el crimen organizado, son heridas abiertas que supuran la descomposición del sistema. La activación del artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones por parte del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, un hecho sin precedentes a nivel mundial, es una llamada de atención urgente que el gobierno mexicano no puede ignorar.

La respuesta oficial, sin embargo, se ha centrado en la negación, en la evasión, en la búsqueda de culpables en el pasado. La descalificación de los funcionarios de la ONU y la petición de destitución del titular del Comité, utilizando la mayoría en el Senado, son maniobras políticas que buscan silenciar las voces críticas y eludir la responsabilidad. Esta actitud, lejos de solucionar el problema, lo agrava, profundizando la herida y la desconfianza de la sociedad. La ironía reside en que la propia ONU señala la falta de reconocimiento del problema como uno de los principales obstáculos para su solución.

La postura de Claudia Sheinbaum, afirmando que "lo que no se nombra no existe", resulta alarmantemente similar a la de su antecesor. La estrategia de evitar hablar de los problemas que aquejan a los mexicanos, sustituyendo la acción por el baile, el boxeo, el canto y la sonrisa, es una cortina de humo que no puede ocultar la realidad. Mientras el gobierno se distrae en espectáculos mediáticos, la crisis de desapariciones, el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, el robo de huachicol, la corrupción, la violencia contra las mujeres y la falta de acceso a la justicia, siguen carcomiendo el tejido social.

Presidenta, la realidad es tozuda y se impone a cualquier discurso. Las desapariciones forzadas existen, al igual que las cometidas por particulares, y la ausencia de un gobierno que procure justicia deja a las familias sumidas en la desesperación. Los niños con cáncer existen, y la falta de atención médica y medicamentos los condena a un futuro incierto. El huachicol existe, y la corrupción lo ampara y lo protege. La violencia contra las mujeres existe, a pesar de la existencia de una Secretaría de las Mujeres que parece incapaz de garantizar sus derechos. Las campañas anticipadas existen, erosionando la confianza en las instituciones. La reforma al Poder Judicial existe, pero la justicia para el pueblo sigue siendo una quimera. Miles de problemas existen, pero la voluntad política para resolverlos brilla por su ausencia.

Y sí, presidenta, también existe una sociedad opositora, cansada de la indiferencia y la ineficacia, pero aún a la espera de liderazgos partidistas que la representen y canalicen su energía para construir un México más justo y seguro.