La próxima elección judicial se presenta como un momento crucial para el sistema de justicia, generando un debate en torno a la división de poderes y la renovación del perfil de quienes imparten justicia. Este contexto nos invita a reflexionar sobre la importancia de la formación de las personas juzgadoras y a cuestionarnos si la vocación es suficiente para desempeñar tan delicada tarea. La judicatura, como actividad altamente especializada, trasciende la mera aplicación mecánica de las normas jurídicas. La idea del "juez como boca de la ley" ha quedado obsoleta. Las normas no pueden prever todas las complejidades del entramado social, ni ofrecer respuestas a cada dilema que se presenta. El lenguaje jurídico, con su intrincada técnica e interpretación, incluyendo su propio "metalenguaje" donde la subjetividad del juez, si bien presente, no debe ser determinante, presenta un desafío. La labor judicial no se limita a descifrar el sentido literal de la norma, sino que implica la asignación de significados novedosos y progresivos, en sintonía con la evolución social. Se trata, en esencia, de construir el derecho mismo.

Reducir el derecho a su dimensión legislativa sería un error. La existencia de normas, por sí sola, no garantiza el Estado de Derecho, el orden ni el bien común. El sistema normativo se complementa con otros aspectos cruciales, que establecen límites a la actuación de las personas y, especialmente, de las autoridades. La actividad jurisdiccional tiene la capacidad de remediar y proponer soluciones a problemas sociales, sistemáticos y estructurales. Puede influir en el entorno cultural y, aún más importante, contribuir a la reducción de las persistentes brechas de desigualdad. A este objetivo lo denominamos "vocación transformadora".

La naturaleza general y abstracta de la actividad legislativa exige su revisión en diversos escenarios. Esta es la gran encomienda de las personas juzgadoras: asignar significados donde no los hay, o corregir aquellos que contradicen la ley fundamental, particularmente cuando atentan contra las libertades humanas. No se trata de una usurpación de poder, sino de la función más importante en el equilibrio de poderes.

Aspiramos a contar con personas juzgadoras íntegras y con una sólida ética. Sin embargo, las responsabilidades en la jurisdicción implican un compromiso que va más allá de la vocación, exigiendo formación y especialización continua. La profesionalización es esencial para fortalecer la institucionalidad, legitimar a quienes ejercen la función judicial y promover la objetividad y transparencia en su designación. Un sistema de carrera judicial, basado en el mérito y la capacidad, evita la arbitrariedad y promueve el desarrollo profesional de quienes lo integran.

Pensar que la función judicial se basa únicamente en buenas intenciones, apoyadas en la ley –que por su naturaleza es ambigua, imprecisa, incompleta y significante, cualidades que le permiten adaptarse al dinamismo social–, es una visión simplista. La rigidez normativa no debe eludir la valoración ética. Es en este terreno donde la formación judicial se vuelve crucial para mitigar los riesgos inherentes a la interpretación y aplicación del derecho. Como han señalado algunos especialistas, "la justicia es una virtud más modesta que el amor y la caridad", y requiere de una especialización rigurosa para asegurar que los procesos judiciales se resuelvan con base en la norma jurídica, la evidencia probatoria, la ley y la doctrina jurisprudencial, garantizando la neutralidad en las decisiones. La evaluación del desempeño de las y los juzgadores es fundamental para la transparencia y legitimidad de su función.

La reforma judicial de 1994, entre sus objetivos, buscó la instauración de la carrera judicial para asegurar la integración del Poder Judicial por profesionales imparciales, autónomos y seleccionados por sus méritos. Concursos de oposición rigurosos buscan garantizar la selección de juristas con la capacidad técnica necesaria, incorporando acciones afirmativas para promover la paridad de género en los órganos judiciales. La legitimidad democrática de las personas juzgadoras reside en su capacidad técnica, no en su popularidad. La justicia se acerca a la ciudadanía no solo con sentencias accesibles, sino con resoluciones sólidamente argumentadas que validen su actuación.

Esta alta especialización facilita el acceso a la justicia, fortaleciendo metodologías y capacitando a las y los funcionarios para que resuelvan los casos con base en razonamientos lógico-jurídicos, logrando un equilibrio que trasciende las experiencias individuales. El juez no es solo la boca de la ley, sino también su artífice. Por ello, la vocación requiere de una formación continua y especializada.