En un escenario político donde la transparencia y la imparcialidad son cruciales, la reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de permitir la promoción de las elecciones judiciales por parte de gobiernos y funcionarios públicos ha generado un intenso debate. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña ha salido al frente para justificar esta medida, argumentando que la participación de los poderes del Estado en este tipo de elecciones está constitucionalmente establecida y que su rol se limita a la organización y promoción del proceso, sin intervenir en la selección de candidaturas ni en la campaña de ningún aspirante en particular.

Esta diferenciación entre las elecciones judiciales y las del poder Ejecutivo y Legislativo es fundamental para entender la postura del TEPJF. Mientras que en las elecciones tradicionales existe un padrón electoral y una clara delimitación de las funciones de los poderes del Estado, en las judiciales, la Constitución prevé la participación activa de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la conformación de las candidaturas. Desde la convocatoria a la ciudadanía para que se inscriba, el análisis de los perfiles, la determinación de la idoneidad de los aspirantes y la realización de la tómbola para establecer el orden en las boletas, estos poderes juegan un rol crucial, un proceso que, según el magistrado De la Mata Pizaña, no tiene parangón en las elecciones del Ejecutivo y Legislativo.

La autorización para promocionar el voto y educar a la ciudadanía en la participación, otorgada el pasado 9 de abril, no debe confundirse, según el TEPJF, con la promoción de candidaturas específicas. El magistrado enfatiza que si bien los funcionarios públicos pueden instar a la población a participar en las elecciones del 1 de junio, tienen terminantemente prohibido utilizar recursos públicos para favorecer a algún candidato en particular o para influir en la opinión pública sobre temas específicos relacionados con las elecciones. Esta línea divisoria entre la promoción del voto y la promoción de candidaturas es la clave para entender la postura del Tribunal.

Sin embargo, esta decisión no está exenta de controversia. Críticos argumentan que la participación de los poderes del Estado en la promoción de las elecciones judiciales podría generar una percepción de parcialidad y afectar la independencia del Poder Judicial. La preocupación radica en que la línea entre la promoción del voto y la promoción de candidaturas puede ser difusa y que la influencia del gobierno, aunque sea indirecta, podría afectar el resultado de las elecciones.

Ante estas inquietudes, el TEPJF insiste en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Señala que todas las acciones de promoción del voto estarán sujetas a escrutinio público y que cualquier irregularidad será investigada y sancionada. Además, se han establecido mecanismos para garantizar la imparcialidad del proceso, como la vigilancia ciudadana y la participación de observadores internacionales. El desafío para el TEPJF es demostrar que la promoción de las elecciones judiciales por parte de los poderes del Estado puede llevarse a cabo de manera transparente y sin comprometer la independencia del Poder Judicial. El futuro de la democracia mexicana depende, en gran medida, de la capacidad del Tribunal para garantizar la legitimidad y la confianza en el sistema electoral. El debate está abierto y la sociedad civil juega un papel fundamental en la vigilancia y el seguimiento de este proceso.