El agua, fuente de vida y elemento crucial para el desarrollo, se erige como protagonista en la agenda gubernamental de Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha lanzado un enérgico llamado a la acción conjunta, instando a los presidentes municipales a unir fuerzas en la titánica tarea de garantizar el acceso universal al agua potable. No se trata solo de una obra pública más, sino de un compromiso con la salud y el bienestar de la población guerrerense, una inversión en un futuro donde el vital líquido deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho tangible para todos.

La magnitud del desafío es innegable. Los huracanes John y Otis, con su furia desatada, dejaron una profunda huella de devastación en la infraestructura hidráulica del estado. Cientos de sistemas de agua potable y drenaje quedaron inutilizados, impactando la vida de miles de familias en 63 municipios. Ante la adversidad, el gobierno de Guerrero reaccionó con prontitud, implementando medidas urgentes de desazolve y restablecimiento del servicio, una primera respuesta que, si bien alivió la situación inmediata, no resuelve el problema de fondo. La reconstrucción de lo dañado y la prevención de futuras catástrofes requieren una estrategia integral, una visión a largo plazo que involucre a todos los actores, desde las autoridades locales hasta la ciudadanía.

En este contexto, la coordinación entre los tres niveles de gobierno se presenta como la piedra angular para el éxito. La suma de esfuerzos, la optimización de recursos y la alineación de objetivos son cruciales para maximizar el impacto de las inversiones y asegurar que el agua llegue a cada rincón del estado. El llamado de la gobernadora Salgado Pineda no es solo una exhortación a la colaboración, es un recordatorio de la responsabilidad compartida que tenemos para con las comunidades más vulnerables, aquellas que históricamente han sufrido las consecuencias del rezago en materia de infraestructura hidráulica.

La firma del Plan Integral Municipal entre la CONAGUA, CAPASEG y los municipios de Zihuatanejo y Petatlán se presenta como un ejemplo tangible de este compromiso con la acción conjunta. Este acuerdo, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas localidades, sienta un precedente importante para la implementación de estrategias similares en otros municipios. La clave radica en la articulación de los recursos disponibles, tanto estatales como federales, con las necesidades específicas de cada región.

El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), con sus más de 8 mil millones de pesos destinados a los municipios en 2025, representa una oportunidad invaluable para impulsar el desarrollo hidráulico en Guerrero. Sin embargo, la correcta aplicación de estos recursos requiere una planificación rigurosa y una gestión transparente. La gobernadora ha sido enfática en la necesidad de priorizar las obras de agua potable, drenaje y alcantarillado, instando a los ayuntamientos a destinar al menos el 30% de los recursos del FAISMUN a estos rubros. Se trata de una inversión estratégica, no solo para mejorar la salud pública, sino también para impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades.

La reconstrucción de los sistemas dañados por los huracanes y la ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento requieren un esfuerzo conjunto y sostenido. La tarea es monumental, pero la voluntad política y la colaboración interinstitucional pueden marcar la diferencia. El acceso al agua no es un lujo, es un derecho fundamental, y en Guerrero, se está trabajando para hacerlo realidad. La meta es clara: agua limpia y segura para todos, un futuro donde la escasez y la insalubridad sean cosa del pasado.