Durante más de cuatro décadas, he sido testigo privilegiada del funcionamiento interno del Poder Judicial de la Federación, un pilar fundamental para la estabilidad y el progreso de México. A lo largo de estos años, he observado con preocupación cómo ciertos problemas recurrentes han erosionado la confianza ciudadana en esta institución vital. La corrupción, como una enfermedad silenciosa, se infiltra en los engranajes de la justicia, impidiendo que esta se imparta con imparcialidad y equidad. No se trata solo de un tema de percepción, sino de una realidad tangible que afecta a miles de mexicanos que buscan una resolución justa a sus conflictos. El nepotismo, por su parte, crea un círculo vicioso que perpetúa la desigualdad y la falta de meritocracia. Cuando los puestos se asignan por vínculos familiares o amistades, se menoscaba la capacidad del sistema para atraer y retener a los profesionales más competentes y comprometidos con la ética judicial.

La justicia tardía, un mal endémico en nuestro sistema, se convierte en una forma de injusticia en sí misma. Los laberínticos procedimientos, la excesiva burocracia y los formalismos innecesarios prolongan los procesos de manera indefinida, sometiendo a los litigantes a una espera angustiosa y costosa. Muchas veces, la complejidad del sistema legal se convierte en una barrera infranqueable para quienes carecen de recursos o conocimientos especializados. Esto genera una profunda desigualdad ante la ley, donde la justicia se convierte en un privilegio de pocos.

Ante esta realidad, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Como servidora pública con una larga trayectoria en el Poder Judicial, he asumido el compromiso de impulsar cambios concretos que fortalezcan la integridad y la eficiencia de nuestro sistema de justicia. Mi propuesta se centra en tres ejes fundamentales: combatir la corrupción, erradicar el nepotismo y agilizar los procesos judiciales. Para ello, es indispensable fortalecer los mecanismos de vigilancia y sanción, dotando al Tribunal de Disciplina de las herramientas necesarias para actuar con prontitud y contundencia ante cualquier irregularidad. No se trata de perseguir, sino de prevenir y corregir, promoviendo una cultura de ética y responsabilidad entre todos los operadores del sistema.

La creación de un Sistema de Medidas Preventivas de Mejora Judicial es una iniciativa clave para abordar el problema de la justicia tardía. A través de advertencias formales y planes de trabajo personalizados, podemos incentivar a los juzgadores a optimizar sus procesos y reducir los tiempos de resolución de los casos. La capacitación continua y la actualización de conocimientos son también esenciales para asegurar que los operadores jurídicos cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones con eficiencia y profesionalismo.

El acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse a todos los mexicanos, sin distinción alguna. Si bien es cierto que cualquier persona puede acudir a un tribunal, la realidad es que el lenguaje jurídico, los formalismos y la complejidad de los procedimientos a menudo alejan a la ciudadanía del sistema. Debemos humanizar la justicia, acercarla a la gente y hacerla comprensible para todos. Los operadores jurídicos deben ser sensibles a las necesidades de la población, escuchando atentamente sus demandas y buscando soluciones justas y equitativas. La justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho accesible y efectivo para todos. El camino hacia un Poder Judicial más justo y eficiente requiere de un compromiso colectivo. Las y los candidatos que aspiramos a servir a la nación desde el Tribunal de Disciplina tenemos la responsabilidad de impulsar las reformas necesarias para construir un sistema judicial que esté a la altura de las demandas de la sociedad mexicana. Un sistema que sea garante de la legalidad, la transparencia y la justicia para todos.