La sombra de la duda se cierne sobre el nombramiento de 56 magistrados electorales locales. Tras un primer intento fallido, Morena y sus aliados, PT y PVEM, lograron la mayoría calificada necesaria para imponer su voluntad en el Senado. La votación, realizada con cédula y urna secreta, arrojó 86 votos a favor, 34 en contra y una abstención, dejando un sabor amargo en la boca de la oposición, que denuncia la designación de perfiles afines al partido gobernante.

La urgencia del oficialismo por asegurar estos nombramientos, con una duración de siete años, quedó en evidencia con la gestión de licencias para senadores que se encontraban en misiones oficiales en el extranjero. Senadores del PT en Francia y del PVEM en Uzbekistán solicitaron permisos para que sus suplentes pudieran acudir a la sesión y garantizar los votos necesarios. Esta maniobra, lejos de transmitir transparencia, alimenta las sospechas sobre la imparcialidad de los magistrados elegidos.

La oposición, en bloque, ha levantado la voz para denunciar lo que consideran una vulneración a la autonomía del poder judicial. Acusan a Morena de tejer una red de influencias dentro de las magistraturas electorales locales de 30 estados, con el objetivo de manipular futuros procesos electorales. La falta de sanciones ante posibles violaciones a la ley electoral se presenta como un escenario preocupante.

La senadora priista Carolina Viggiano Austria cuestionó la rapidez con la que se aprobaron las licencias de los senadores ausentes, poniendo en relieve la prioridad que el oficialismo otorgó a esta votación. La coincidencia de estos nombramientos con la proximidad de las elecciones refuerza la idea de una estrategia política para asegurar el control del proceso electoral.

El nepotismo y la falta de paridad de género son otras de las críticas que se han dirigido contra el proceso de selección. El caso de Jalisco, donde se nombró a Marcela Zárate Llamas, hermana de la representante de Morena en el Instituto Electoral, ilustra la preocupación de la oposición por la concentración de poder en manos de personas vinculadas al partido gobernante. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, expresó su inquietud por la instrumentalización de las instituciones y la pérdida de imparcialidad en los procesos electorales.

La ausencia de varios senadores durante la votación también ha generado interrogantes. Las razones de su falta no han sido aclaradas, lo que contribuye a la atmósfera de opacidad que rodea estos nombramientos. La sociedad exige transparencia y garantías de imparcialidad en un tema tan sensible como la administración de la justicia electoral. El futuro de la democracia depende, en gran medida, de la integridad de sus instituciones. ¿Estarán estos nuevos magistrados a la altura de las circunstancias? El tiempo lo dirá.