La angustia carcome el alma de miles de familias en México. La desaparición de un ser querido, un vacío que se expande con cada día que pasa, una incertidumbre que ahoga la esperanza. Carolina Jiménez, con la voz quebrada por la desesperación, resume el sentir de muchos al clamar por su hermano, Sergio Gerardo, tragado por la oscuridad que impera en algunas zonas de la Ciudad de México. Su testimonio, un grito desgarrador en medio de la indolencia, pone el dedo en la llaga de una herida abierta que supura en el país: la desaparición forzada. No se trata solo de un número en una estadística, sino de vidas truncadas, de familias destrozadas, de un futuro robado.

La cifra, de por sí escalofriante, de 127,066 personas desaparecidas según el RNPDNO, adquiere un rostro, una historia, un nombre propio con cada testimonio como el de Carolina. Imaginen la magnitud del drama: más de cien mil familias con el corazón en un puño, recorriendo calles, hospitales, morgues, aferrándose a la mínima posibilidad de encontrar a sus seres queridos. Y detrás de cada uno de estos casos, se esconde la sombra ominosa de la violencia, de la impunidad, de la "gobernanza criminal" que Carolina denuncia.

Ante este panorama desolador, la Secretaría de Gobernación, liderada por Rosa Icela Rodríguez, ha abierto un espacio para el diálogo, para escuchar el clamor de los colectivos de búsqueda, para intentar construir puentes en un abismo de dolor. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer los mecanismos de búsqueda y localización a través de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General de Desaparición Forzada. Se trata de un paso importante, un reconocimiento de la deuda histórica que el Estado tiene con las víctimas y sus familias.

La creación de la Plataforma Única de Identidad, la alerta inmediata a nivel nacional, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, son herramientas que, de implementarse de manera efectiva y transparente, podrían marcar un antes y un después en la lucha contra la desaparición forzada. Sin embargo, no basta con la creación de nuevas instituciones y plataformas. Se necesita un compromiso real, una voluntad política inquebrantable para combatir la impunidad, para desmantelar las redes criminales, para garantizar la justicia y la reparación del daño a las víctimas.

La esperanza, ese frágil hilo al que se aferran las familias, se alimenta de acciones concretas, de resultados tangibles. No se trata solo de escuchar, sino de actuar. No se trata solo de prometer, sino de cumplir. El tiempo corre en contra de las víctimas, cada día que pasa se desvanece la posibilidad de encontrarlas con vida. La sociedad en su conjunto, las autoridades, los medios de comunicación, todos tenemos la responsabilidad de sumar esfuerzos para que la búsqueda de las personas desaparecidas no sea una lucha solitaria, sino una causa común. El clamor de Carolina y de miles de familias debe resonar en cada rincón del país hasta que la verdad y la justicia se abran paso en medio de la oscuridad.