La sombra de la controversia se cierne sobre el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. En el centro del debate, las acusaciones lanzadas por los líderes parlamentarios del PRI y PAN, Rubén Moreira y Elías Lixa Abimerhi, respectivamente, quienes señalan a Morena de incurrir en una flagrante contradicción al promover la fecha de la elección, fijada para el primero de junio.

Según Moreira, la Constitución, modificada específicamente para este proceso judicial, prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para publicitar las elecciones. Más aún, la normativa impide cualquier tipo de proselitismo a favor de los candidatos que aspiran a ocupar cargos de magistrados, jueces o ministros. Esta prohibición, argumenta el líder priista, busca garantizar la imparcialidad y transparencia del proceso, blindándolo de cualquier influencia política.

Moreira denuncia una aparente incongruencia entre la ley y las acciones de Morena. "¿Qué está haciendo tanto la Cámara de Diputados y Senadores como el Ejecutivo?", cuestiona, aludiendo a la resolución del INE que, a su juicio, interpreta correctamente el artículo 134 constitucional al prohibir la promoción con recursos públicos. La decisión del partido gobernante de recurrir al Tribunal Electoral tras la resolución del INE, añade un nuevo capítulo a la polémica y genera incertidumbre sobre el futuro del proceso.

Por su parte, Elías Lixa, líder de la bancada panista, se suma a las críticas y subraya que la propia reforma del Poder Judicial, impulsada por Morena, establece claramente la no intervención de legisladores e instituciones en el proceso electoral. La actual incomodidad de Morena, argumenta Lixa, es consecuencia directa de la "negligencia" con la que redactaron sus propias leyes. Una ironía que, a juicio del panista, deja en evidencia la falta de previsión y la improvisación que caracterizan la actuación del partido en el poder.

La controversia desatada trasciende el mero debate político y pone en tela de juicio la integridad del proceso electoral del Poder Judicial. La acusación de contradicción lanzada por la oposición, junto con la resolución del INE y el recurso presentado por Morena ante el Tribunal Electoral, configuran un escenario complejo que requiere una pronta clarificación. La transparencia y la imparcialidad del proceso son fundamentales para garantizar la legitimidad del Poder Judicial y la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. El futuro de la justicia en México está en juego.

La interpretación del artículo 134 de la Constitución se convierte, pues, en el eje central de la disputa. Mientras Morena defiende su derecho a informar sobre el proceso electoral, la oposición denuncia un uso indebido de recursos públicos con fines proselitistas. La resolución del Tribunal Electoral será decisiva para dirimir la controversia y establecer un precedente que marque el desarrollo de futuros procesos electorales en el Poder Judicial. La sociedad mexicana observa con atención el desenlace de este conflicto, consciente de la importancia de preservar la independencia y la autonomía de uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.